jueves, 30 de septiembre de 2010
La senadora Piedad Córdoba destituida e inhabilitada por "extralimitarse" en la defensa de la paz
Las "pruebas" serían correos que según la Interpol NO CONTENÍA el "computador mágico" de Raúl Reyes
El Procurador colombiano (ente supuestamente encargado de controlar a los servidores públicos), Alejandro Ordóñez Maldonado, sancionó disciplinariamente a la senadora liberal Piedad Córdoba este 27 de septiembre, con destitución e inhabilidad por 18 años "por haber promocionado y colaborado con las Farc".
Informa la revista Semana (propiedad de familia Santos) que "la investigación se originó en los hallazgos de los medios electrónicos incautados en la Operación Fénix donde fue abatido alias ‘Raúl Reyes'. En ellos se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora, en los que se identificó con los alias de 'Teodora', 'Teodora de Bolívar', 'la Negra' y 'la Negrita', la parlamentaria se extralimitó en sus funciones, a pesar de que contaba con autorización del Gobierno para gestionar el intercambio humanitario".
"Según la labor investigativa, la Procuraduría General, analizó las salidas de emigración de Córdoba, interceptaciones legales telefónicas a los miembros del bloque Libardo García de Cali y la declaración dada por el infiltrado de nacionalidad ucraniana, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el Comandante del Frente 30, alias 'Mincho'.
Igualmente, el Ministerio Público contó con el apoyo de los informes presentados por la INTERPOL, y los peritajes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI y la DIJIN sobre la autenticidad de los medios electrónicos".
Por estos hechos, el Ministerio Público estableció "que la senadora emitió consejos al grupo de las Farc relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos".
Además dio información a este grupo al margen de la ley sobre temas diferentes a la liberación de los secuestrados, entre ellos, posibles donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos.
"El órgano de control constató que la senadora Córdoba "instruyó y solicitó a las Farc que suministraran pruebas de vida de los secuestrados" con el fin de favorecer a gobiernos de otros países, y según la Procuraduría, "ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo".
De otra parte, el procurador Ordóñez absolvió a la dirigente política por el cargo de “traición a la patria”, por considerar que las diferentes alocuciones que dio en contra de las políticas del Gobierno no configuran falta disciplinaria al no menoscabar la integridad nacional".
Llama la atención que esta revista, que alardea de su "periodismo de investigación", afirme que los supuestos correos de Piedad Córdoba hallados en el supuesto ordenador de Raúl Reyes que supuestamente habría resistido el bombardeo que acabó con la vida de 27 personas en la invasión y crimen de guerra de Sucumbíos el 1 de marzo de 2008, afirme sin inmutarse que la autenticidad de los medios electrónicos haya sido corroborada por el informe de INTERPOL, cuando éste afirmaba justamente lo contrario: que no se había observado la cadena de custodia de las pruebas, que miles de ficheros habían sido susceptibles de manipulación y que el computador no contenía ni un sólo correo electrónico, sino documentos Word.
Interpol invalidó los supuestos "correos" que se quieren esgrimir como prueba
El” Informe Forense de Interpol sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia", supuestamente incautados en la incursión militar del 1 de marzo de 2008, cuestiona la posibilidad de su uso ante los tribunales de justicia.
En el propio informe se asegura, en diversos puntos, y en la conclusión 2b, que entre el 1 y el 3 de marzo hubo irregularidades y no se siguió el protocolo internacional que admitiría un tribunal:
“Conclusión no 2b: Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, y el 3 de marzo de 2008 a las 11.45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley. ” (Pag. 8, Párr. 5)
Incluso en otro punto se pone en duda que un tribunal lo admita:
“77. Cuando los funcionarios de los organismos encargados de la aplicación de la ley acceden directamente a las pruebas electrónicas decomisadas sin hacer en primer lugar una copia imagen de los datos, el acceso a las pruebas y su visualización quedan registrados. El acceso directo puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales, porque en este caso los funcionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o probar que el acceso directo que efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas.” (Pág. 31, Apdo. 77)
En ningún apartado de este informe, se hace alusión a qué procedimientos llevó adelante el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, DAS, entre el 3 de marzo a las 11:45 y el día 10 de marzo, en que las supuestas pruebas fueron entregadas a la INTERPOL. Las pruebas fueron obtenidas ilegalmente y sin respetar la debida cadena de custodia y, por tanto, no debería ser válidas ante ningún tribunal.
Según el mismo informe de la INTERPOL se modificaron, crearon y borraron archivos de sistema.
El informe asegura que entre el 1º y el 3 de marzo se modificaron, crearon y borraron archivos de sistema. Indica, asimismo, que de los archivos de usuario sólo se hicieron aperturas, o sea que sólo se leyeron sin supuestamente modificar sus contenidos. Sin embargo, no indica qué archivos de sistema son los afectados y por qué, particularmente, fueron borrados algunos de ellos
Aparecen miles de documentos con fechas a futuro (1) que, según el mismo informe, puede que se generaran desde otras computadoras con estas fechas erróneas. Esta misma argumentación sería válida para asegurar que cualquier documento con fechas pasadas también podría haber sido modificado y transferido desde otras computadoras.
Con estas "pruebas" y con la declaración de un supuesto infiltrado en la guerrilla, se pretende armar un caso para judicializar a la senadora desde hace varios meses. Son ya harto conocidas. Muy parecidas "pruebas" se esgrimen para solicitar la captura del periodista colombiano William Parra, y el encausamiento de la cooperante española e impulsora del intercambio humanitario y del proceso de paz, Remedios García Albert (quien tras ser detenida y puesta en libertad en julio de 2008, lleva dos años en un limbo legal, sufriendo el linchamiento mediático y sin poder defenderse ante un juez).
Y si estas "pruebas" no alcanzaran, no se preocupen, que esto apenas está comenzando. De la chistera de la "Seguridad Democrática" saldrán todo tipo de "evidencias" contundentes, sea del "computador de Raúl Reyes" o de los 20 computadores y 69 memorias USB "calenticas" del Mono Jojoy, supuestamente incautadas en la reciente matanza de La Macarena.
¡Qué casualidad que sea en este momento, cuando Colombianos y Colombianas por la Paz está a punto de presentar una propuesta de paz ante la UNASUR, que se ejecute el montaje y la senadora más comprometida con el diálogo, el intercambio humanitario y la salida política a la guerra en Colombia sea despojada de sus atribuciones y derechos como representante política legítimamente electa por los colombianos!
Luis Eladio Pérez expresa solidaridad y dice que no comparte la decisión
El ex congresista Luis Eladio Pérez Bonilla, que fue rehén de la guerrilla y recuperó su libertad en febrero de 2008 gracias a la gestión de Piedad Córdoba y del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que respeta pero no comparte la decisión del procurador Alejandro Ordoñez de destituir e inhabilitar por 18 años a Córdoba, por supuestos vínculos con las Farc. Pérez manifestó que durante los 5 años que estuvo retenido, no tuvo conocimiento de nexos entre los cabecillas guerrilleros y la congresista Córdoba Ruiz.
Emperatriz de Guevara: "No está bien. El corazón de Piedad es grande"
Emperatriz de Guevara, quien recibió los restos de su hijo, el mayor de la Policía Julián Ernesto Guevara, fallecido durante su cautiverio en la selva, tras la mediación de la senadora Piedad Córdoba con las Farc rechazó la decisión de la Procuraduría.
“No conozco nada de ley, pero para mi la doctora Piedad es una persona que nos ayudó, ella a colaborado con la guerrilla o con quien tenga que hablar para que devuelvan a las personas que estaban secuestradas, el corazón de ella es grande”, indicó Emperatriz de Guevara.
Iván Cepeda: inhabilitación forma parte de la persecución y la calumnia
El parlamentario colombiano, Iván Cepeda, manifestó este lunes que la inhabilitación de la senadora liberal Piedad Córdoba durante 18 años por parte de la Procuraduría General de Colombia, es con la intenciones de acabar con el proceso de paz que ésta busca a través del diálogo y la negociación.
"Es la intención de acabar con las voces más representativas de Colombia y cuartar los caminos para el diálogo de paz, los acercamientos que ha incentivado la senadora para buscar la paz", señaló Cepeda en entrevista para teleSUR.
El también miembro del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz afirmó que la inhabilitación "es parte de un persecución, se ha incluido todo tipo de calumnia y ahora se suma todo método disciplinario"
Agregó que este hecho forma parte "de una campaña contra los que buscamos los caminos de paz".
Explicó que la Procuraduría General de Colombia "puede adelantar este tipo de investigaciones pero respetando los derechos al debido proceso".
"Los acercamientos de la senadora se han enmarcado en todo proceso de paz de manera legal", enfatizó y agregó que no se pueden confundir con ánimo retaliatorio estos acercamiento con cualquier clase de complicidad.
NOTAS:
(1) En los presuntos computadores de Raúl Reyes hay 2.110 archivos cuyas fechas de creación oscilan entre el 20 de abril de 2009 y el 27 de agosto de 2009; y 1.434 archivos cuyas fechas de última modificación varían entre el 5 de abril de 2009 y el 16 de octubre de 2010.
El tesoro escondido
BOGOTÁUn multimillonario presupuesto, una importante burocracia y su potencial como fortín político convirtieron al rector de la Universidad Distrital en uno de los cargos más apetecidos del Distrito. Por eso hay una verdadera batalla por la próxima elección.
Sábado 25 Septiembre 2010
Dirigentes políticos, ex altos funcionarios del gobierno nacional y de organismos internacionales, y miembros de la comunidad académica, protagonizan por estos días una silenciosa pero intensa puja por la rectoría de la Universidad Distrital de Bogotá.
El abanico de aspirantes es variado: se postularon Wilson Borja, dirigente del Polo; Guillermo Reyes, ex viceministro de Justicia de Uribe y líder del Partido Conservador; Germán Bula, ex ministro de Educación y ex embajador en Venezuela, y Ana Milena Escobar, ex directora ejecutiva del Convenio Andrés Bello, entre un total de 22 candidatos, varios de ellos funcionarios de la misma Universidad. Un número nunca antes visto en la historia de este centro educativo.
Aunque todos los candidatos hablan de su interés por mejorar las condiciones académicas de la universidad, parece ser que para algunos de ellos las variables de presupuesto y caudal de votos pueden ser las más atractivas.
Durante años la Universidad Distrital enfrentó una difícil situación en sus finanzas por un impositivo régimen pensional, que absorbía su presupuesto de funcionamiento. Pero Carlos Ossa, rector hasta hace pocos días, y aspirante a reelegirse, logró mediante una buena gestión sacar adelante un acuerdo que liberó el presupuesto de la entidad y activó millonarios recursos de una estampilla, que le garantizan una caja para inversión que cualquier entidad envidiaría. Al fin y al cabo en cada uno de los tres años de mandato el nuevo rector tendrá un presupuesto de funcionamiento de unos 220.000 millones de pesos.
La universidad además cuenta con cerca de 2.000 puestos que son casi de libre nombramiento y remoción entre profesores de cátedra y personal vinculado con órdenes de prestación de servicios, lo que lo hace muy atractivo en términos de burocracia. A esto se suman 28.000 estudiantes en todas su sedes, una cifra nada despreciable para quien sienta que puede convertirla en respaldo electoral.
El sistema de elección del rector tiene tres filtros. El primero es el de los requisitos de títulos y experiencia académica. En este ya se quedaron cinco candidatos, entre los que se encuentran Borja y Escobar. Luego viene una votación de estudiantes, docentes y trabajadores, prevista para los próximos días, en la que normalmente se abstiene el 70 por ciento. Los cinco primeros candidatos pasan a la votación del Consejo Superior Directivo, compuesto por nueve miembros. Quien consiga el apoyo de al menos seis de ellos es el nuevo rector.
Del Consejo hacen parte el Alcalde Mayor o su delegado, el Presidente de la República y el Ministro de Educación o sus delegados, un representante de los gremios, otro de las directivas académicas; y profesores, estudiantes, egresados y ex rectores tienen cada uno un representante. Tradicionalmente, los de los gremios y los delegados del gobierno nacional votan alineados con la administración, por eso cada vez son más las cábalas de quién recibirá el guiño del burgomaestre, y si hay un ‘gallo tapao’ entre los candidatos.
Las miradas se han centrado en Olmedo Vargas, un reconocido académico muy cercano de la casa Moreno Rojas desde hace más de una década, cuyo nombre suena cada vez con más fuerza en los pasillos del claustro. Su cercanía con la familia del Alcalde viene desde su paso por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja donde fue docente y luego rector. Allí comenzó varios estudios sobre el gobierno del general Rojas Pinilla lo que facilitó su cercanía con Maria Eugenia Rojas. Luego fue asesor de Samuel Moreno cuando estaba en campaña, y desde el año pasado es el director del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (Idep), una entidad que depende de la Alcaldía. Vargas dijo a SEMANA que se enteró por casualidad de la convocatoria, que los respaldos logrados hasta ahora son resultado de una asidua campaña y que es un candidato “independiente sin compromisos con nadie ni adentro ni afuera”.
En la Universidad Distrital las condiciones están dadas para que este tesoro escondido se proyecte como uno de los mejores centros educativos del país, o para que caiga en manos del clientelismo y la politización. La diferencia la puede empezar a hacer la participación masiva y consciente de la comunidad universitaria en las elecciones de los próximos días.
http://www.semana.com/noticias-nacion/tesoro-escondido/145109.aspx
http://www.semana.com/noticias-nacion/tesoro-escondido/145109.aspx
sábado, 25 de septiembre de 2010
América Latina, a propósito de las resistencias contra las transnacionales
Alfonso Moro *
Martes 14 de septiembre de 2010, por Revista Pueblos
Desde hace una década, nuevas y variadas formas de resistencia social han visto la luz en América Latina para enfrentar las exacciones de las empresas transnacionales (ETN). La disputa entre bienes y derechos comunitarios y universales, de un lado, y la ganancia privada y la expoliación, del otro, adquiere mayor relevancia en la medida que el capitalismo está agotando las posibilidades de seguir ilusionando con la idea del “progreso social”.
Entre el 2000 y el 2009, América Latina y el Caribe (ALC) recibieron alrededor de 465 mil millones de dólares como ingresos de inversión extranjera [1], una suma sin duda considerable. Independientemente de que esas inversiones se dirigieron a pocos países, todo indica que hay una fuerte correlación entre la llegada de esos flujos de capital y el incremento de las luchas de resistencia contra las ETN que en los últimos años han marcado la geografía latinoamericana. Pese a que la etapa más importante de privatizaciones y enajenación de bienes y recursos públicos que promovió la ola neoliberal conocida como “Consenso de Washington” se concentró entre mediados de los años ochenta hasta el final de los años noventa, los ingresos captados en estos años sirvieron muchas veces para consolidar y/o expandir la presencia de las ETN, sobre todo europeas o estadounidenses.
También en esos años varios países de la región firmaron distintos acuerdos de libre comercio, y/o de inversiones, con los Estados Unidos o la Unión Europea, o aplicaron agresivas políticas para atraer la presencia de ETN en su territorio, bajo el argumento de que eso permitiría un mayor crecimiento económico, reducir la pobreza y avanzar en la carrera por la competitividad mundial. En contrapartida, como reacción a los nefastos efectos generados por las prácticas de muchas de esas ETN, emergieron en el subcontinente organizaciones, frentes y coaliciones sociales de diverso tipo, marcadas por un propósito común: la defensa de lo que consideran son derechos universales o comunes.
Pese a los discursos y recetas neoliberales aplicadas reiteradamente en la región, América Latina sigue siendo, sobre todo, exportador de materias primas y se mantiene como una fuente tradicional de acceso de recursos naturales para las potencias capitalistas y, recientemente, China. Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú están entre los 10 primeros países del mundo en términos de biodiversidad. En consecuencia, no sorprende que las luchas populares contra la privatización del tríptico tierra-agua-energía hayan adquirido un protagonismo de primer orden estos últimos años [2].
Las nuevas experiencias de resistencia contra las transnacionales no pueden comprenderse sin tener en cuenta las luchas generadas en la última década del siglo pasado, que sirvieron para sedimentar un campo de acción muy amplio, primero contra los intentos del imperialismo estadounidense de apropiarse del continente a través del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) [3] y, posteriormente, contra el desembarco de las transnacionales europeas, sobre todo españolas. Aunque ahora las cosas parecen evidentes, es necesario subrayar que, al menos hasta mediados de los años noventa, amplios sectores de la población y no pocos movimientos sociales fueron arrullados por la ilusión de que las ETN europeas eran socialmente más responsables que las de Estados Unidos [4].
Avanzando sobre la cuerda flojaEstos últimos años, una serie de elementos han venido a sumarse para enriquecer el acervo de las revueltas populares [5], aunque también plantean mayores desafíos. En particular, nos referimos a la proliferación de formas de coordinación social transnacional, muy eficaces para combatir las acciones de las ETN con presencia en varios países, así como las victorias electorales de candidatos “progresistas” en Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Nicaragua y Argentina que, en algunos casos, objetivamente han ayudado a frenar las violaciones de derechos sociales y el saqueo de recursos naturales por las ETN.
En el primer caso, la lista de experiencias y movimientos es tan amplia que resulta imposible hacer un recuento completo; no obstante, parece que existen algunas características comunes entre ellas. En un primer tiempo surgen inconformidades y protestas contra las violaciones de las ETN, que desembocan en gestiones institucionales y eventualmente en algún diálogo con las autoridades y representantes de las empresas. Como en general no hay respuestas satisfactorias, las protestas aumentan y se pasa a acciones más directas. La intimidación, la represión y la criminalización del movimiento de protesta aparecen rápidamente como un recurso gubernamental y de las mismas empresas, al que las víctimas responden intentando sumar mayores fuerzas y una mejor coordinación.
En cuanto a la compleja y delicada relación entre gobiernos y movimientos sociales que buscan recuperar la soberanía de los recursos naturales, se han impulsado reformas constitucionales como un reflejo de la importancia de las victorias alcanzadas. Así, el Gobierno de Hugo Chávez ha expandido la presencia estatal en los sectores del petróleo, agua, electricidad, bancos y telefonía, y otro tanto han hecho Evo Morales con el petróleo, gas, agua y teléfonos, o Rafael Correa con el petróleo. Aunque bien vale recordar que la estatización no implica ni mucho menos el control social del sector.
Hay además una línea roja que si no se atiende podría desembocar en una regresión de las conquistas alcanzadas estos últimos años. Aunque esos tres gobiernos han limado algunas de las aristas más perversas de las políticas neoliberales, persiste una visión productivista, desarrollista, cuya lógica inevitablemente lleva a la confrontación con los movimientos sociales de resistencia a las ETN.
Tal es el caso del proyecto que todos los gobiernos de América del Sur apoyan sin excepción: la IIRSA, el proyecto de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, surgido hace una década bajo auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha provocado una fuerte contestación contra sus devastadores efectos, en particular las acciones realizadas por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que integra organizaciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina. Más de 500 proyectos que incluyen la construcción de oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas, etc., afectarán, sobre todo, a los territorios donde habitan poblaciones indígenas de esos países. Entre las ETN involucradas en este megaproyecto están las brasileñas Odebrecht (construcción), Petrobrás, Tedesco Maggi (principal exportador de soja de Brasil) [6].
La IIRSA se complementa con otro importante programa, el Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica, como se rebautizó al Plan Puebla Panamá (PPP), que a su vez promueven los gobiernos de México, Centroamérica y Colombia. Ese ambicioso megaproyecto neocolonizador que ha beneficiado a las ETN españolas y mexicanas de la electricidad, telefonía y construcción, entre otras [7], llevó en 2001 a la realización del 1er Encuentro Mesoamericano contra el PPP impulsado por más de 100 organizaciones mexicanas, de Guatemala, El Salvador y Estados Unidos.
En otros casos, los presidentes “progresistas” han servido de punta de lanza a los intereses de las ETN, como Lula da Silva en Brasil y su apoyo a las transnacionales brasileñas de la soja, los agrocombustibles, o el petróleo; o el Gobierno de Daniel Ortega y su apoyo implícito a las violaciones reiteradas de Unión Fenosa en Nicaragua.
La firma de tratados comerciales y acuerdos de inversiones que varios de esos gobiernos promueven o aceptan son un veneno que objetivamente debilita las posibilidades de creación y/o consolidación de una alternativa social que favorezca a las mayorías, pues dichos ordenamientos sirven fundamentalmente para favorecer los intereses de las ETN. Un dato puede ayudar a comprender la esencia de este punto. En 1990 los bienes primarios representaron el 44,1 % de las exportaciones de América Latina hacia la Unión Europea, mientras que en sentido inverso los bienes industriales de fuerte contenido tecnológico representaron más del 45 %; en 2008 (último año del que se dispone de cifras oficiales), ambas proporciones fueron de 42,5 % y 44,3%, respectivamente.
En esos 18 años una enorme parte de la riqueza social de América Latina fue privatizada y/o transnacionalizada. Dos casos sirven de ejemplos del asalto cometido. El proyecto de transnacionalización de la Amazonía peruana [8] impulsado primero por Alberto Fujimori y ahora por Alan García, para la implantación de grandes empresas de monocultivos para agrocombustibles, de minería y de lotificación petrolera sobre territorios indígenas. En México, 24 mil concesiones mineras fueron otorgadas por el Gobierno entre 2000 y el 2010. Tan sólo en lo que va de este año, 231 ETN han obtenido concesiones por 50 años sobre 2 millones de hectáreas [9].
Los efectos de la crisis
La crisis capitalista que emergió hace dos años y medio está lejos de resolverse. Las dificultades que enfrenta la acumulación del capital no hacen sino exacerbar la lucha entre las firmas transnacionales y países por la obtención de los recursos naturales y menores costos de explotación. La firma de acuerdos de libre comercio entre los países de América Central, Perú y Colombia con la Unión Europea va a agravar la explotación de los recursos naturales de la región. En este sentido, y dado que el tema de la “propiedad intelectual” está integrado en esos acuerdos, conviene citar un ejemplo de resistencia social contra las ETN. Se trata de organizaciones de Brasil, Perú, Colombia y Ecuador involucradas en una campaña de denuncia contra la Unión Europea y sus laboratorios farmacéuticos, implicados en la incautación de medicamentos genéricos en puertos europeos destinados a las poblaciones de América Latina. La Unión Europea ha violado las reglas internacionales para proteger sus laboratorios, en detrimento de los derechos humanos de las poblaciones de los países afectados por las incautaciones.
Los pueblos de ALC han pagado caro el aprendizaje sobre la presencia de las ETN de Estados Unidos y Europa, principalmente. Desde las trabajadoras de las maquiladoras de México o Centroamérica, hasta los productores de pescado de la región de Atacama o la región de los Lagos en Chile enfrentados a las empresas salmoneras, pasando por los pueblos indígenas de Mato Grosso, Brasil que luchan contra los impactos de la producción de soja para agrocombustibles, la región es un enorme mosaico de movimientos sociales que resisten y construyen alternativas. Ahora un problema se dibuja en el horizonte cercano y sus consecuencias pueden ser tanto o más catastróficas. Se trata del capitalismo salvaje que día a día avanza en China y el peso creciente que el gigante asiático está ganando en ALC. Minerales, petróleo, soja, maderas son requeridos por el apetito insaciable de la acumulación capitalista en ese país, sin que, aparentemente, los gobiernos latinoamericanos se inquieten por sus efectos devastadores.
Por último, es importante destacar iniciativas como las que desde 2004 promueven diversas organizaciones sociales y políticas de la región en asociación con organizaciones de la Unión Europea, vinculadas en la red birregional Enlazando Alternativas. Entre 2006 y mayo de este año, con apoyo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos, Enlazando Alternativas promovió tres sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar las políticas neoliberales y las multinacionales europeas en América Latina y el Caribe. Este tipo de experiencias confirman que las poblaciones y los movimientos sociales de la región están inmersos en una perspectiva largo aliento: rehabilitar la acción política como un ejercicio de los pueblos y a través de ella defender la primacía de los derechos y bienes universales y comunales contra su apropiación por las ETN.
Alfonso Moro es miembro de la Dirección de France Amérique Latine (FAL) e integrante de la Red Birregional Enlazando Alternativas.
Este artículo ha sido publicado en el nº 43 de la edición impresa de Pueblos, julio de 2010, Especial Multinacionales.
Notas
[1] La Inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2009 , CEPAL, Santiago de Chile, abril 2010.
[2] Ver, por ejemplo: Castro S, G., “El movimiento social Mesoamericano por la defensa de los recursos naturales”, OSAL, n° 17, mayo-agosto 2005, Buenos Aires.
[3] “El Área de Libre Comercio de las Américas”, Alternativas Sur vol II (2003) n° 1, Centre Tricontinental, Louvain-la-Neuve, Centro de Investigación para la Paz, Madrid.
[4] La excepción de esta regla fue México, por ser el primer país del subcontinente en conocer los efectos devastadores del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que entró en vigor en 1994, y también el primero en firmar un «Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación» con la UE, en 1997.
[5] La diferenciación entre movimiento social, movimiento político y movimiento revolucionario propuesta por Adolfo Gilly, referida a los marcos dentro de los cuales unos y otros se mueven, es de mucha utilidad para intentar comprender lo que sucede en ALC. Ver Gilly, A. «Fragmentación y resocialización de las demandas y los movimientos. Pasaje después de una derrota», Inprecor para América Latina n° 32, mayo 1993, Paris
[6] Ver: Empresas transnacionais brasileiras na américa latina, um debate necessário, Expressão popular e Instituto Rosa Luxemburg Stiftung, São Paulo, 2009.
[7] Moro, B. (2002), “Une recolonisation nommée ‘Plan Puebla Panamá’”, Le Monde Diplomatique, París.
[8] Rumrril, R. (2008), La Amazonía peruana, la última renta estratégica del Perú en el S. XXI o la tierra prometida, CONAM, PNUD, Lima.
[9] Ramírez, E., “Entregan oro y plata de México a transnacionales”, revista Contralínea, n° 179, abril 2010, México.
viernes, 24 de septiembre de 2010
La política cazaguerrilleros que mata inocentes
Desde el 2008 cadáveres de jóvenes pobres, vagabundos y dirigentes sociales empezaron a ser desenterrados en Colombia. Habían sido vestidos con uniformes de guerrilleros y los militares cobraban días libres o dinero por ellos. Más de 2 mil cuerpos hallados muestran el lado oscuro de la política de seguridad democrática implementada para, irónicamente, combatir la guerrilla.
Acostumbrada a la vida diletante de Jaime, pasaban semanas sin verse. Ella lo aconsejaba y a veces le daba dinero; él le dibujaba imágenes de Cristo y le regalaba guitarras de madera para que adornara su hogar. Pero cuando por fin Jacqueline salió de vacaciones, Jaime llevaba días desaparecido. Una mañana había llamado para ir a almorzar a Gloria, su hermana menor, pero nunca llegó.
Jacqueline pasó sus vacaciones entre Medicina Legal y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) colombiano viendo fotos de los cadáveres que llegaban, mientras por las noticias de la televisión mostraban la extraña desaparición de 11 jóvenes de Soacha, localidad al sur de Bogotá, cuyos cuerpos fueron apareciendo en Ocaña, poblado ubicado al norte de Santander, enterrados como NN en fosas y vestidos como guerrilleros.
En su ir y venir buscando a Jaime, la investigadora asignada del CTI le dijo que pidiera las fotos de los NN de Ocaña en Medicina Legal. Entre los muertos de Soacha había sólo uno entre 40 y 45 años. La funcionaria que la atendió tomó los datos, los digitó en el computador y Jacqueline vio en una pantalla el rostro de su hermano muerto. Era el 7 de octubre del 2008.
La versión del Ejército decía que Jaime murió junto a otro sujeto el 12 de agosto luego de entrar en combate. Una pistola aparecía junto al cadáver, respaldando la tesis oficial. Jacqueline fue junto a su otro hermano a buscar el cuerpo de Jaime a Ocaña. En una fosa de 3 por 3 metros lo encontró. Tenía la cara golpeada y cuatro impactos de fusil, a ambos lados de la espalda y en cada pierna.
Cada palada desenterrando a Jaime, involucraba a Jacqueline y su familia en uno de los capítulos más sangrientos y oscuros de la reciente historia de Colombia: los llamados falsos positivos, eufemismo que se le dio a los asesinatos de civiles por parte del Ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate a cambio de recompensas o días libres.
Presentada como el más grande éxito de los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe, la Política de Seguridad Democrática fue la estrategia diseñada para terminar con décadas de guerrilla y violencia armada.
Deseoso de mostrar resultados, el gobierno de Uribe aplicó una política de estímulo a los militares por bajas propinadas a las FARC. Así, el 2005 el ministro de Defensa, Camilo Ospina, emitió la Directiva Nº 029, que otorgaba bonos en dinero, días de descanso y otras regalías a los soldados y las compañías que mostraran efectividad en su combate a la guerrilla.
Los resultados fueron el gran capital político de Uribe: Los colombianos volvieron a transitar seguros por las carreteras, se redujeron los secuestros y fueron liberados los secuestrados más emblemáticos por las FARC, como 3 contratistas estadounidenses y la ex candidata a la presidencia, Ingrid Betancourt.
Pero datos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía dan cuenta que tras la firma de la Directiva 029, las denuncias sobre desapariciones pasaron de 73 el 2005 a 122 en 2006 y 245 en 2007. Un informe de una comisión internacional que visitó Colombia el 2008, invitados por organizaciones de derechos humanos, acusa que en los primeros 5 años del gobierno de Uribe (2002-2007), se incrementaron en 67% las ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la fuerza pública comparados con el quinquenio anterior.
Alberto Yepes, abogado y coordinador de la Comisión Colombia-Europa-EEUU de DDHH, acusa que “desde el 2002 al 2009 comentamos 3.180 casos de ejecuciones extrajudiciales”. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tiene documentados a 2.300 víctimas en su unidad de DDHH y otras 600 en otras secciones.
Pero la respuesta de Uribe a estos informes fue que eran falsas y acusó a los investigadores de derechos humanos de defender el “terrorismo” y de ser “compinches” de la guerrilla. Diana Sánchez, investigadora de la organización de DDHH Minga, comenta que “Uribe transformó el imaginario colectivo, ya que acabar físicamente con el enemigo es una victoria y hay que aplaudirlo”.
Yepes asegura que “cada vez que se daba de baja a presuntos o reales delincuentes, había una gigantesca convocatoria a los medios, con rueda de prensa y se presentaban como trofeos de dicha política un número cada vez más abultado de cadáveres, en el marco de discursos entusiastas de los asistentes”.
Días antes de entregar el Palacio de Nariño, el gobierno de Uribe dio a conocer que la lucha contra la insurgencia logró que la guerrilla se redujera de más de 25 mil soldados que tenía el 2002 a 8 mil que mantiene las FARC y 1.500 el ELN el 2009.
A juicio de Iván Cepeda, recién electo congresista y del Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado (Movice), las cifras no cuadran: “Hay más de 200 mil casos de personas puestas fuera de combate, entre éstas 50 mil desmovilizados, unos cuantos detenidos y otros miles muertos. El problema es que los guerrilleros no tenían más de 16 mil miembros cuando Uribe tomó el poder. Los paramilitares tenían 12 mil personas. O sea, han eliminado 3 ó 4 veces los grupos existentes y esos grupos siguen teniendo cuadros”.
Faír Leonardo Porras tenía 26 años al momento de desaparecer y trabajaba como ayudante en la construcción. Fue el primero de la larga lista de Soacha y, pese a que tenía problemas sicomotrices y era zurdo, el Ejército lo reportó como guerrillero abatido en combate en Ocaña con un arma empuñada en su mano derecha el 12 de enero del 2008, cuatro días después de haber desaparecido. Le siguieron Elkin Gustavo Verano, de 25 años, y Joaquín Castro, de 27 años, amigos que trabajaban en un taller de autos y se esfumaron el 13 de enero del mismo año para aparecer 8 días después como insurgentes abatidos por la Brigada Móvil XV, con sede en Ocaña, a 600 kilómetros de su lugar de origen.
Los casos se repitieron hasta agosto del 2008 y la Procuraduría definió que el patrón común de las víctimas era que tenían entre 16 y 32 años, habían sido contactadas por civiles con la promesa de un trabajo en fincas en otras regiones, engañados se les pagó el pasaje y luego eran entregadas a militares.
Con el correr de los días, en distintos departamentos de Colombia surgieron denuncias que acusaban la desaparición de personas. Un mimo que vivía en la calle en Huila, que desapareció junto a otros 4 vagabundos; dos muchachos que estaban en tratamiento antidrogas en Suaza; un lustrabotas de Bucaramanga o dos vendedores de dulces del Parque de Berrío de Medellín daban cuenta de que la seguridad democrática estaba cobrando la vida de miles de colombianos.
Desde el 2007 que las Naciones Unidas ya había hecho ver a Uribe su preocupación por la desaparición y muerte de jóvenes pobladores.
Cuando se destapó el escándalo el gobierno recurrió a la tesis de que era una infiltración de los terroristas y del narcotráfico entre los militares. “Hemos controvertido esa tesis, demostrando que estos crímenes tienen similares patrones de comportamiento y se repiten en distintos regimientos de 23 departamentos del país” -sostiene Cepeda.
Ante la evidencia Uribe, en noviembre de 2008, llamó a retiro a 27 militares, entre ellos a 3 generales, 4 coroneles y 7 tenientes coroneles por su implicancia en los hechos o estar al mando de las unidades militares acusadas. De paso se derogó la Directiva 029.
Entre los 2.300 casos llevados por la Fiscalía figuran 59 de menores de edad y 122 de mujeres. Sólo se han dictado 137 condenas contra militares y otros 396 tienen órdenes de captura.
Cepeda considera “difícil hacer una estimación porque pese a la estadística de organizaciones de DD.HH., hay varios casos que quedan en la impunidad al no ser denunciados por las víctimas”. Además acusa la impunidad en el 98% de los casos. En la investigación por la muerte de Jaime, el fiscal de Cúcuta recién está reuniendo las pruebas y aún no llama a la primera audiencia.
Cuando la sociedad colombiana aún no se reponía del genocidio de los falsos positivos, se desayunó con el descubrimiento de una fosa en el pueblo de La Macarena, 200 kilómetros al sur de Bogotá, donde se estima hay entre 400 y 2 mil cadáveres enterrados como NN.
Las fosas constituyen el más grande cementerio clandestino del continente y se halla al lado de la base local de las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido. Se calcula que hay unas 3 mil fosas clandestinas repartidas en todo el territorio colombiano y la Fiscalía mantiene igual número de cuerpos que no ha podido identificar. El MOVICE estima en más de 50.000 las personas desaparecidas por militares o grupos paras en las dos últimas décadas y, según los datos entregados por el gobierno de Uribe, el 70% de las bajas atribuidas a las guerrillas tienen el rótulo de NN y yacen diseminadas por territorio colombiano. Cepeda acusa la impunidad en el 98% de los casos. En el caso de Jaime Castillo, el fiscal de Cúcuta, a cargo del caso, recién está reuniendo las pruebas y aún no llama a la primera audiencia.
jueves, 23 de septiembre de 2010
Denuncian que ataque de ‘Skinheads’ tuvo complicidad de la Policía
Al parecer, las autoridades profirieron amenazas a varios de los agredidos.
Una grave denuncia fue hecha por el concejal del Polo Jaime Caicedo, quien asegura que en el ataque registrado el fin de semana pasada en donde estuvieron involucrados un grupo de jóvenes conocidos como los ‘cabezas rapadas' la Policía tuvo complicidad.
El Cabildante señaló que recibió un informe detallado sobre las agresiones que vienen cometiendo integrantes de la pandilla neonazi "Tercera Fuerza" en la Localidad de Fontibón.
De acuerdo con el informe suscrito por la Brigada Antifascista de Occidente, "numerosos miembros de la pandilla de ultraderecha agredieron con armas contundentes y corto punzantes a varios jóvenes de la localidad que se han manifestado opuestos a las constantes agresiones e intimidaciones que ejercen los neonazis en todo el occidente de la capital. Como consecuencia de estos ataques, ocurridos el 14 y 15 de septiembre pasados, varios jóvenes resultaron con heridas graves como trauma cráneo encefálico, fractura de cráneo y heridas profundas en sus extremidades. Los jóvenes tuvieron que ser internados de urgencia en el Hospital de Fontibón y posteriormente trasladados a un centro asistencial de tercer nivel".
Según la información suministrada por el concejal Caicedo, la denuncia enviada agrega que existe presunta complicidad de miembros de la policía de esa localidad, "puesto que cuando se presentaron las agresiones físicas la policía no sólo tardó cuarenta minutos en hacerse presente, a pesar de la gravedad de los hechos, sino que no detuvo a los agresores ni decomisó las armas con las cuales se produjeron serias lesiones a dos jóvenes que se encontraban indefensos".
El Cabildante agregó que la denuncia asegura que "el comandante de la policía local habría proferido amenazas a varios de los agredidos, conminándolos a no reunirse más en el parque fundacional de Fontibón, lugar que se ha convertido en punto de encuentro de las ciudadanos y ciudadanas que resisten los actos criminales de los pandilleros neonazis, so pena de judicializarlos por sus reuniones".
Igualmente, los denunciantes afirman que hechos similares ya habían sido puestos en conocimiento de la policía local sin que se hayan conocido medidas de control sobre los agresores ni de protección sobre los agredidos.
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