viernes, 24 de septiembre de 2010
La política cazaguerrilleros que mata inocentes
Desde el 2008 cadáveres de jóvenes pobres, vagabundos y dirigentes sociales empezaron a ser desenterrados en Colombia. Habían sido vestidos con uniformes de guerrilleros y los militares cobraban días libres o dinero por ellos. Más de 2 mil cuerpos hallados muestran el lado oscuro de la política de seguridad democrática implementada para, irónicamente, combatir la guerrilla.
Acostumbrada a la vida diletante de Jaime, pasaban semanas sin verse. Ella lo aconsejaba y a veces le daba dinero; él le dibujaba imágenes de Cristo y le regalaba guitarras de madera para que adornara su hogar. Pero cuando por fin Jacqueline salió de vacaciones, Jaime llevaba días desaparecido. Una mañana había llamado para ir a almorzar a Gloria, su hermana menor, pero nunca llegó.
Jacqueline pasó sus vacaciones entre Medicina Legal y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) colombiano viendo fotos de los cadáveres que llegaban, mientras por las noticias de la televisión mostraban la extraña desaparición de 11 jóvenes de Soacha, localidad al sur de Bogotá, cuyos cuerpos fueron apareciendo en Ocaña, poblado ubicado al norte de Santander, enterrados como NN en fosas y vestidos como guerrilleros.
En su ir y venir buscando a Jaime, la investigadora asignada del CTI le dijo que pidiera las fotos de los NN de Ocaña en Medicina Legal. Entre los muertos de Soacha había sólo uno entre 40 y 45 años. La funcionaria que la atendió tomó los datos, los digitó en el computador y Jacqueline vio en una pantalla el rostro de su hermano muerto. Era el 7 de octubre del 2008.
La versión del Ejército decía que Jaime murió junto a otro sujeto el 12 de agosto luego de entrar en combate. Una pistola aparecía junto al cadáver, respaldando la tesis oficial. Jacqueline fue junto a su otro hermano a buscar el cuerpo de Jaime a Ocaña. En una fosa de 3 por 3 metros lo encontró. Tenía la cara golpeada y cuatro impactos de fusil, a ambos lados de la espalda y en cada pierna.
Cada palada desenterrando a Jaime, involucraba a Jacqueline y su familia en uno de los capítulos más sangrientos y oscuros de la reciente historia de Colombia: los llamados falsos positivos, eufemismo que se le dio a los asesinatos de civiles por parte del Ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate a cambio de recompensas o días libres.
Presentada como el más grande éxito de los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe, la Política de Seguridad Democrática fue la estrategia diseñada para terminar con décadas de guerrilla y violencia armada.
Deseoso de mostrar resultados, el gobierno de Uribe aplicó una política de estímulo a los militares por bajas propinadas a las FARC. Así, el 2005 el ministro de Defensa, Camilo Ospina, emitió la Directiva Nº 029, que otorgaba bonos en dinero, días de descanso y otras regalías a los soldados y las compañías que mostraran efectividad en su combate a la guerrilla.
Los resultados fueron el gran capital político de Uribe: Los colombianos volvieron a transitar seguros por las carreteras, se redujeron los secuestros y fueron liberados los secuestrados más emblemáticos por las FARC, como 3 contratistas estadounidenses y la ex candidata a la presidencia, Ingrid Betancourt.
Pero datos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía dan cuenta que tras la firma de la Directiva 029, las denuncias sobre desapariciones pasaron de 73 el 2005 a 122 en 2006 y 245 en 2007. Un informe de una comisión internacional que visitó Colombia el 2008, invitados por organizaciones de derechos humanos, acusa que en los primeros 5 años del gobierno de Uribe (2002-2007), se incrementaron en 67% las ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la fuerza pública comparados con el quinquenio anterior.
Alberto Yepes, abogado y coordinador de la Comisión Colombia-Europa-EEUU de DDHH, acusa que “desde el 2002 al 2009 comentamos 3.180 casos de ejecuciones extrajudiciales”. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tiene documentados a 2.300 víctimas en su unidad de DDHH y otras 600 en otras secciones.
Pero la respuesta de Uribe a estos informes fue que eran falsas y acusó a los investigadores de derechos humanos de defender el “terrorismo” y de ser “compinches” de la guerrilla. Diana Sánchez, investigadora de la organización de DDHH Minga, comenta que “Uribe transformó el imaginario colectivo, ya que acabar físicamente con el enemigo es una victoria y hay que aplaudirlo”.
Yepes asegura que “cada vez que se daba de baja a presuntos o reales delincuentes, había una gigantesca convocatoria a los medios, con rueda de prensa y se presentaban como trofeos de dicha política un número cada vez más abultado de cadáveres, en el marco de discursos entusiastas de los asistentes”.
Días antes de entregar el Palacio de Nariño, el gobierno de Uribe dio a conocer que la lucha contra la insurgencia logró que la guerrilla se redujera de más de 25 mil soldados que tenía el 2002 a 8 mil que mantiene las FARC y 1.500 el ELN el 2009.
A juicio de Iván Cepeda, recién electo congresista y del Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado (Movice), las cifras no cuadran: “Hay más de 200 mil casos de personas puestas fuera de combate, entre éstas 50 mil desmovilizados, unos cuantos detenidos y otros miles muertos. El problema es que los guerrilleros no tenían más de 16 mil miembros cuando Uribe tomó el poder. Los paramilitares tenían 12 mil personas. O sea, han eliminado 3 ó 4 veces los grupos existentes y esos grupos siguen teniendo cuadros”.
Faír Leonardo Porras tenía 26 años al momento de desaparecer y trabajaba como ayudante en la construcción. Fue el primero de la larga lista de Soacha y, pese a que tenía problemas sicomotrices y era zurdo, el Ejército lo reportó como guerrillero abatido en combate en Ocaña con un arma empuñada en su mano derecha el 12 de enero del 2008, cuatro días después de haber desaparecido. Le siguieron Elkin Gustavo Verano, de 25 años, y Joaquín Castro, de 27 años, amigos que trabajaban en un taller de autos y se esfumaron el 13 de enero del mismo año para aparecer 8 días después como insurgentes abatidos por la Brigada Móvil XV, con sede en Ocaña, a 600 kilómetros de su lugar de origen.
Los casos se repitieron hasta agosto del 2008 y la Procuraduría definió que el patrón común de las víctimas era que tenían entre 16 y 32 años, habían sido contactadas por civiles con la promesa de un trabajo en fincas en otras regiones, engañados se les pagó el pasaje y luego eran entregadas a militares.
Con el correr de los días, en distintos departamentos de Colombia surgieron denuncias que acusaban la desaparición de personas. Un mimo que vivía en la calle en Huila, que desapareció junto a otros 4 vagabundos; dos muchachos que estaban en tratamiento antidrogas en Suaza; un lustrabotas de Bucaramanga o dos vendedores de dulces del Parque de Berrío de Medellín daban cuenta de que la seguridad democrática estaba cobrando la vida de miles de colombianos.
Desde el 2007 que las Naciones Unidas ya había hecho ver a Uribe su preocupación por la desaparición y muerte de jóvenes pobladores.
Cuando se destapó el escándalo el gobierno recurrió a la tesis de que era una infiltración de los terroristas y del narcotráfico entre los militares. “Hemos controvertido esa tesis, demostrando que estos crímenes tienen similares patrones de comportamiento y se repiten en distintos regimientos de 23 departamentos del país” -sostiene Cepeda.
Ante la evidencia Uribe, en noviembre de 2008, llamó a retiro a 27 militares, entre ellos a 3 generales, 4 coroneles y 7 tenientes coroneles por su implicancia en los hechos o estar al mando de las unidades militares acusadas. De paso se derogó la Directiva 029.
Entre los 2.300 casos llevados por la Fiscalía figuran 59 de menores de edad y 122 de mujeres. Sólo se han dictado 137 condenas contra militares y otros 396 tienen órdenes de captura.
Cepeda considera “difícil hacer una estimación porque pese a la estadística de organizaciones de DD.HH., hay varios casos que quedan en la impunidad al no ser denunciados por las víctimas”. Además acusa la impunidad en el 98% de los casos. En la investigación por la muerte de Jaime, el fiscal de Cúcuta recién está reuniendo las pruebas y aún no llama a la primera audiencia.
Cuando la sociedad colombiana aún no se reponía del genocidio de los falsos positivos, se desayunó con el descubrimiento de una fosa en el pueblo de La Macarena, 200 kilómetros al sur de Bogotá, donde se estima hay entre 400 y 2 mil cadáveres enterrados como NN.
Las fosas constituyen el más grande cementerio clandestino del continente y se halla al lado de la base local de las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido. Se calcula que hay unas 3 mil fosas clandestinas repartidas en todo el territorio colombiano y la Fiscalía mantiene igual número de cuerpos que no ha podido identificar. El MOVICE estima en más de 50.000 las personas desaparecidas por militares o grupos paras en las dos últimas décadas y, según los datos entregados por el gobierno de Uribe, el 70% de las bajas atribuidas a las guerrillas tienen el rótulo de NN y yacen diseminadas por territorio colombiano. Cepeda acusa la impunidad en el 98% de los casos. En el caso de Jaime Castillo, el fiscal de Cúcuta, a cargo del caso, recién está reuniendo las pruebas y aún no llama a la primera audiencia.
jueves, 23 de septiembre de 2010
Denuncian que ataque de ‘Skinheads’ tuvo complicidad de la Policía
Al parecer, las autoridades profirieron amenazas a varios de los agredidos.
Una grave denuncia fue hecha por el concejal del Polo Jaime Caicedo, quien asegura que en el ataque registrado el fin de semana pasada en donde estuvieron involucrados un grupo de jóvenes conocidos como los ‘cabezas rapadas' la Policía tuvo complicidad.
El Cabildante señaló que recibió un informe detallado sobre las agresiones que vienen cometiendo integrantes de la pandilla neonazi "Tercera Fuerza" en la Localidad de Fontibón.
De acuerdo con el informe suscrito por la Brigada Antifascista de Occidente, "numerosos miembros de la pandilla de ultraderecha agredieron con armas contundentes y corto punzantes a varios jóvenes de la localidad que se han manifestado opuestos a las constantes agresiones e intimidaciones que ejercen los neonazis en todo el occidente de la capital. Como consecuencia de estos ataques, ocurridos el 14 y 15 de septiembre pasados, varios jóvenes resultaron con heridas graves como trauma cráneo encefálico, fractura de cráneo y heridas profundas en sus extremidades. Los jóvenes tuvieron que ser internados de urgencia en el Hospital de Fontibón y posteriormente trasladados a un centro asistencial de tercer nivel".
Según la información suministrada por el concejal Caicedo, la denuncia enviada agrega que existe presunta complicidad de miembros de la policía de esa localidad, "puesto que cuando se presentaron las agresiones físicas la policía no sólo tardó cuarenta minutos en hacerse presente, a pesar de la gravedad de los hechos, sino que no detuvo a los agresores ni decomisó las armas con las cuales se produjeron serias lesiones a dos jóvenes que se encontraban indefensos".
El Cabildante agregó que la denuncia asegura que "el comandante de la policía local habría proferido amenazas a varios de los agredidos, conminándolos a no reunirse más en el parque fundacional de Fontibón, lugar que se ha convertido en punto de encuentro de las ciudadanos y ciudadanas que resisten los actos criminales de los pandilleros neonazis, so pena de judicializarlos por sus reuniones".
Igualmente, los denunciantes afirman que hechos similares ya habían sido puestos en conocimiento de la policía local sin que se hayan conocido medidas de control sobre los agresores ni de protección sobre los agredidos.
miércoles, 22 de septiembre de 2010
La masacre de El Nilo
Justicia y Paz - Versiones
Sábado, 14 de Febrero de 2009 00:00
18 años después de la masacre de El Nilo, en la que fueron asesinados 21 indígenas de la etnia Nasa, Orlando Villa Zapata, alias ‘Ruben’ o ‘La Mona’, entregó más detalles de cómo se planeó y asegura que no hubo complicidad de la fuerza publica el día de los hechos.
Orlando Villa Zapata, alias `’Rubén’ o ‘La Mona’, desmovilizado del Bloque Vencedores de Arauca, y segundo al mando de Miguel Ángel Múnera Mejía alias 'El mellizo' contó cómo un grupo de personas con la complicidad de ganaderos del Cauca masacraron a 21 indígenas de la étnia Nasa.
Alias 'Rubén', un campesino de risaralda que había llegado con sus padres a la zona de Caloto en el Cauca, aseguró que la masacre de 16 de diciembre de 1991, se realizó con el objetivo de desalojar a un grupo de indígenas que se habían tomado unas tierras de propiedad de ganaderos.
La región de Caloto en el Cauca, es considerada por la comunidad paez como uno de sus territorios ancestrales, y esta posición ha generado conflictos con los dueños de las fincas, quienes en el caso de la Finca del El Nilo en 1991, decidieron tomar justicia por sus propias manos.
'Rubén' contó que en septiembre de 1991 se conoció con otros delincuentes, conocidos con los alias de ‘Plutarco’ y ‘Caracas’ (hombres que hasta el día de hoy no han podido ser identificados por las autoridades), a quienes empezó a suministrarle información sobre los indígenas.
Más adelante, por intermedio de estos dos personajes se desplazó a Córdoba y, en una finca cercana a Cereté, se reunió con Fidel Castaño más conocido como 'Rambo' y con él discuten cómo desalojar a la fuerza a los indígenas de las tierras ocupadas.
Luego de la reunión en Córdoba, regresan a Caloto y según 'Rubén' se reúnen con Jorge Valencia, propietario de la finca El Nilo, con quien deciden formar un grupo paramilitar para desalojar a los indígenas que están en su hacienda y secuestrar a tres de ellos que son las cabezas del movimiento.
La masacre
Según el paramilitar, la operación fue organizada entre 'Plutarco' y Jorge Valencia, y en ella participaron 12 personas entre quienes estaban alias 'Caracas', Neiber, Baos y siete personas más a quienes no identificó.
Los paramilitares salieron a las 7 pm del 16 de diciembre de 1991 de la finca “La esperanza”, ubicada cerca de Caloto. De allí se dividieron en pequeños grupos que fueron a pie hasta el lugar de concentración de los indígenas.
Según 'Rubén' los indígenas los recibieron a tiros y ellos reaccionaron matando a 21 personas. Las tres personas que habían pensado secuestrar también fueron asesinadas por decisión de Plutarco. Del grupo de los doce paramilitares que perpetró la masacre ninguno salió herido. Una vez asesinaron a los indígenas y provocaron su desplazamiento, el grupo se dispersó.
Alias ‘Rubén’ huyó a Cali y el 2 de febrero de 1992 fue capturado por agentes del DAS en Río Sucio, Caldas.
Después de la captura
Durante su version libre el pasado 11 de febrero, alias ‘Rubén’, denunció que después de su captura presuntamente fue torturado por agentes del DAS, que lo presentaron en Pereira como secuestrador. Luego fue trasladado a Cali y en al tarde de ese mismo día es llevado a Bogota donde es puesto bajo las ordenes de agentes del DAS.
En Bogotá, Carlos Zuluaga y Nicolás Arévalo, trabajadores de una finca cercana a Caloto lo reconocieron como uno de los hombres que asesinó a los 21 indígenas paeces.
Alias ‘Rubén’ aseguró que agentes del DAS le ofrecieron protección a él y a su familia a cambio de una declaración firmada en la que exculpaba a Jorge Valencia, propietario de la finca El Nilo y se ratificaba la declaración de los dos muchachos, quienes hablaron de la supuesta participación de un capitán y un mayor de la policía la noche de los hechos.
Villa Zapata aceptó el trato y firmó la declaración con su huella dactilar. Relata que una vez aceptado el crimen, su familia fue trasladada de Cali a Bogota y él a una celda mejor. Sin embargo, días antes de que se publicara su confesión decide retractarse, denuncia que en la redacción presuntamente participó un fiscal y que la misma fue demandada ante la Procuraduría General de la Nación, el 4 de marzo de 1992.
Por último dijo que en la masacre no participó ningún efectivo de la fuerza pública y que de haberse hecho algún contacto alias 'Plutarco' sería quien lo habría realizado.
Ángela Davis no es una leyenda, sigue siendo una activista
SEMlac
"Las mujeres han luchado contra la violencia doméstica y sexual, han logrado leyes a nivel nacional importantes, pero pese a ello estas violencias no han disminuido, son una pandemia en el mundo entero", afirmó a SEMlac, en conferencia de prensa, Ángela Davis, la veterana luchadora estadounidense de los derechos de los afroamericanos, que visitó Bogotá del 13 al 17 de septiembre.
Ya no luce su peinado "afro" que la hizo tan reconocible, pero sí mantiene su ensortijada melena, que se bambolea a su paso decidido, o cuando acentúa con su cabeza sus afirmaciones contra el sistema carcelario, el racismo o el machismo.
Su sonrisa y facilidad de palabra siguen acompañado sus conferencias, tanto en la Universidad de California, donde es profesora de filosofía, como en las charlas que brinda en el exterior, como las que ofreció en la Universidad Nacional de Colombia, por invitación de la Escuela de Estudios de Género de esta institución.
La líder de los años sesenta en la lucha contra el racismo en Estados Unidos, alumna del filósofo Herbert Marcuse, miembro del Partido Comunista, de las Panteras Negras y perseguida por el FBI en aquellos años, hoy sigue activa lo mismo en la cátedra que en las luchas civiles.
Mujeres y feminismos
El feminismo se ha percibido como un movimiento de las mujeres blancas. Pero Davis, en su libro Women, race and class (Mujeres, raza y clase, 1981) sostiene que éste tiene sus raíces en las luchas de las mujeres de la clase trabajadora y afroamericana, y no sólo en las de la clase media y blancas.
"En los procesos de llevar la industrialización del Norte al Sur, las mujeres son las trabajadoras de la línea de ensamble global. Así que no podemos visualizar un futuro de igualdad de género o de razas sin una lucha contra el capitalismo", aseguró Davis a sus 66 años de edad.
Ella prefiere hablar más del contexto feminista que del movimiento feminista. De hecho, se refiere a éste como una aproximación estratégica.
"Independientemente de que una mujer o un hombre se reconozcan como feministas, lo importante es que actúen desde una perspectiva feminista; es decir, que generen estrategias para abocar diferentes luchas y reúnan a mucha gente" explicó Davis.
"Una contribución del 'Black Feminism' fue pensar conjuntamente sobre temas que antes se pensaban separados. Hay que juntar luchas. Por ejemplo, las de los indígenas con las de los afrodescendientes. Eso es una estrategia feminista", acotó la activista y docente.
El racismo está vigente
Según el punto de vista de Davis, el racismo se ha transformado, pero no ha desaparecido, pese a que la presidencia de Estados Unidos esté en manos de un afroamericano.
"Es que pensamos que ya hicimos la tarea de llevar a (Barack) Obama a la presidencia y nos volcamos en la vida cotidiana, cuando ahora es el momento en que más debemos actuar para hacer presión por cosas como el retiro total de las tropas estadounidenses en Afganistán" afirmó categórica la activista.
Para Davis, el racismo está profundamente arraigado en las diferentes esferas sociales. Un ejemplo de ello, dice, es que la mayoría de la población estudiantil es blanca, mientras que la mayor parte de la carcelaria es negra.
"El racismo primero se manifiesta en las actitudes de las personas, pero más profundamente está inserto en las estructuras económicas, sociales y políticas. Por eso necesitamos un movimiento fuerte que luche por salud y educación gratuita para todos, áreas donde el racismo es fuerte" propuso Davis.
Por la abolición de las cárceles
Iniciando la década de los setenta, Davis se interesó en el mejoramiento de las condiciones de los presos, lo que la llevó a ser involucrada en el asesinato de Los Hermanos de La Soledad.
Como se recordará, en 1973, Nolen, un afroamericano miembro de las Panteras Negras, y otros dos presos fueron asesinados por un guardia de la cárcel La Soledad, en Estados Unidos.
Posteriormente un carcelero de la prisión San Quintín mató a George Jackson, amigo y copartidario de Nolen. Según la versión oficial, Jackson intentaba fugarse y tenía una pistola. Davis, acusada de introducir dicha arma en el centro de reclusión, fue incluida en la lista "de los más buscados" del FBI, luego detenida y puesta en libartad sin cargos.
Estos hechos despertaron en ella el cuestionamiento del sistema carcelario, que desde hacía una década buscaba eliminar mediante el movimiento abolicionista. "Nos dedicamos a pensar no en cómo castigar la violencia, sino en cómo terminar con el sistema que produce violencia" puntualizó Davis.
Su participación en los movimientos sociales y su defensa de los derechos civiles fue reconocida en 2006, cuando recibió el premio Thomas Merton, un galardón otorgado a las personas que contribuyen con la paz.
martes, 21 de septiembre de 2010
Carta al Padre John Dear, S. J. ex-presidente Uribe catedrático de Georgetown University
Carta al Padre John Dear, S. J., jesuita estadounidense que ha recorrido muchas zonas de guerra del mundo como activista de la paz y ha sufrido la cárcel por oponerse a las políticas criminales de su país. Ha publicado muchos libros sobre espiritualidad cristiana de la paz y ha visitado varias regiones de Colombia.
Estimado y recordado John:
Recibe un fraterno y cariñoso saludo.
Recibe un fraterno y cariñoso saludo.
Te escribo muy preocupado por el hecho de que en nuestra universidad jesuita de Georgetown hayan vinculado como docente al Presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. No ceso de recibir mensajes de personas y grupos que sufrieron enormemente durante su gobierno, que reclaman y cuestionan la actitud de nuestra Compañía o su falta de discernimiento ético al tomar este tipo de decisiones.
Es posible que las directivas de Georgetown hayan recibido conceptos positivos de colombianos de altas posiciones económicas o políticas, pero es difícil que ignoren al menos las profundas controversias éticas que levantó su gobierno y los cuestionamientos y sanciones que recibió de muchos organismos internacionales que tratan de proteger la dignidad humana. El sólo hecho de que durante su carrera política, desde que era Gobernador del Departamento de Antioquia (1995-1997) hubiera fundado y protegido tantos grupos paramilitares, llamados eufemísticamente “Convivir”, que asesinaron y desaparecieron a millares de personas y desplazaron multitudes cometiendo otras muchas atrocidades, ya implica una exigencia de censura ética para encomendarle cualquier responsabilidad en el futuro. Pero no sólo continuó patrocinando esos grupos paramilitares sino que los mantuvo y los complementó con un nuevo modelo de paramilitarismo legalizado, como son las redes de informantes, las redes de cooperantes y el nuevo tipo de empresas de seguridad privada que involucran a varios millones de civiles en actividades militares relacionadas con el conflicto armado interno, mientras le mentía a la comunidad internacional con una falsa desactivación de los paramilitares.
Además, fue escandalosa durante su gobierno la práctica de los “falsos positivos” consistente en asesinar civiles, principalmente campesinos, y después de muertos vestirlos de combatientes para justificar su muerte. Con ello pretendía mostrar victorias militares falsas sobre los rebeldes y eliminar a los activistas de los movimientos sociales que buscan justicia.
La corrupción durante su gobierno fue más que escandalosa, no sólo por la presencia de narcotraficantes en los puestos públicos sino porque el Congreso y muchos cargos de gobierno fueron ocupados por delincuentes. Hoy hay más de cien congresistas en procesos criminales, todos ellos del entorno electoral más cercano del Presidente Uribe.
Fue escandalosa la compra de conciencias para manipular los aparatos de justicia, lo que terminó destruyendo, en niveles muy profundos, la conciencia moral del país. También fue escandalosa la corrupción con que sus ministros más cercanos manejaron la política agraria para favorecer a los más ricos con los dineros públicos, mientras impedía y estigmatizaba los proyectos sociales. La corrupción de sus hijos, para enriquecerse a costa de ventajas de poder, escandalizó en su momento a toda la nación. También utilizó el organismo de seguridad que estaba directamente bajo su control (el Departamento Administrativo de Seguridad) para espiar mediante controles telefónicos clandestinos, a las Cortes de Justicia, a los políticos de la oposición, a los movimientos sociales y de derechos humanos.
Fueron en extremo escandalosos los mecanismos corruptos de los cuales se valió para lograr su reelección a la Presidencia en 2006, lo cual ha llevado a ministros y colaboradores cercanos suyos ad portas de la cárcel. El manejo que hizo de coordinación entre el Ejército y los grupos paramilitares llevó a que durante su período se produjeran 14.000 ejecuciones extrajudiciales. Sus estrategias de impunidad para quienes desde el Estado o el Paraestado perpetraron crímenes de lesa huma-nidad, pasarán a la historia por su atrevimiento.
La decisión de los jesuitas de Georgetown de ofrecerle una cátedra a Álvaro Uribe, no sólo ofende profundamente a los colombianos que aún conservan principios éticos sino que pone en alto riesgo la formación ética de los jóvenes que acuden a nuestra universidad en Washington. ¿Dónde queda la ética de la Compañía de Jesús?
Te escribo estas líneas porque estoy seguro que tú compartes nuestras preocupaciones y quizás podrás hacerlas llegar a los jesuitas de Georgetown y a otros círculos de opinión en tu entorno de simpatizantes por la justicia.
Recibe un fuerte abrazo.
Javier Giraldo Moreno, S. J.
VERSIÓN EN INGLES
My Dear John:
I send you brotherly and loving greetings.
I write to you with great concern regarding the fact that Georgetown, our Jesuit University, has hired the outgoing president of Colombia, Álvaro Uribe Vélez as a professor. I am constantly receiving messages from individuals and groups who have suffered enormously during his term as president. They are protesting and questioning the mind-set of our Company, or its lack of ethical judgment in mak-ing a decision of this kind.
It is possible that decision makers at Georgetown have received positive appraisals from Colombians in high political or economic positions, but it is difficult to ignore, at least, the intense moral disagreements aroused by his government and the investigations and sanctions imposed by international organizations that try to protect human dignity. The mere fact that, during his political career, while he was governor of Antioquia Province (1995-1997) he founded and protected so many paramilitary groups, known euphemistically as “Convivir” (“Live Together”), who murdered and “disappeared” thousands of people and displaced multitudes, committing many other atrocities, that alone would imply a need for moral censure before entrusting him with any responsibility in the future.
But not only did he continue to sponsor those paramilitary groups, but he defended them and he perfected them into a new pattern of legalized paramilitarism, including networks of informants, networks of collaborators, and the new class of private security companies that involve some millions of civilians in military activities related to the internal armed conflict, while at the same time he was lying to the international community with a phony demobilization of the paramilitaries.
In addition, the scandalous practice of “false positives” took place during his ad-ministration. The practice consists in murdering civilians, usually farmers, and after killing them, dressing them as combatants in order to justify their deaths. That is the way he tried to demonstrate faked military victories over the rebels and also to eliminate the activists in social movements that work for justice.
The corruption during his administration was more than scandalous, not just be-cause of the presence of drug traffickers in public positions but also because the Congress and many government offices were occupied by criminals. Today more than a hundred members of Congress are involved in criminal proceedings, all of them President Uribe’s closest supporters.
The purchase of consciences in order to manipulate the judicial apparatus was disgraceful. It ended up destroying, at the deepest level, the moral conscience of the country. Another disgrace was the corrupt manner in which the Ministers closest to him manipulated agricultural policy in order to favor the very rich with public money, meanwhile impeding and stigmatizing social projects. The corruption of his sons, who enriched themselves by using the advantages of power, scandalized the whole country at one time.
In addition, he used the security agency that was directly under his control (the Department of Administrative Security) to spy on the courts, on opposition politicians, and on social and human rights movements, by means of clandestine tele-phone tapping. The corrupt machinations he used to obtain his reelection as President in 2006 were sordid in the extreme, with the result that ministers and close collaborators been close to jail.
He manipulated the coordination between the Army and the paramilitary groups that resulted in 14,000 extrajudicial executions during his term of office. His strate-gies of impunity for those who, through the government or the “para-government”, committed crimes against humanity will go down in history for their brazenness.
The decision by the Jesuits at Georgetown to offer a professorship to Álvaro Uribe, is not only deeply offensive to those Colombians who still maintain moral princi-ples, but also places at high risk the ethical development of the young people who attend our university in Washington. Where are the ethics of the Company of Jesus?
I am writing you these lines because I am sure that you will share our concerns and perhaps you can forward them to the Jesuits at Georgetown and to other circles of thoughtful persons you know and to those who are in sympathy with justice.
With a fond embrace,
Javier Giraldo Moreno, S.J.
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