martes, 26 de octubre de 2010

El país que no tiene derecho a tener derechos


Papúa Occidental



El hombre torturado que yace en la tierra rodeado por piernas y botas militares (http://bit.ly/9IFl82 -aviso: son imágenes perturbadores) representa no sólo su atroz sufrimiento personal sino también el de su país, Papúa Occidental. Es víctima de unos soldados indonesios y víctima también de décadas de una geopolítica y de un pillaje que ha privado a su pueblo de su derecho a la independencia, de sus recursos naturales, de su cultura y de las vidas de, como mínimo, 100.000 personas.Papúa Occidental, la parte occidental de la isla donde se halla también el país de Papúa Nueva-Guinea, hogar de más de 300 tribus diferentes y territorio de 421.000 km2 cubiertos en su mayoría de selva primaria ya rápidamente desapareciendo con el lucrativo negocio de cosecha de árboles, y que alberga ricos yacimientos de metales, es un gran botín económico tanto para Yakarta como para sus aliados occidentales. Tierra ocupada militarmente desde 1963, con la complicidad de EEUU que, en plena Guerra Fría y a lo largo de la Guerra de Vietnam, dio carta blanca a los militares de Indonesia a cambio de su alianza geoestratégica. Huelga decir que estos contaban también con el silencio cómplice de la ONU. Durante casi 50 años Yakarta, que siempre ha impuesto una censura inflexible por toda la zona, ha podido actuar con impunidad total contra la población del país, considerada por los colonizadores indonesios como poco más que animales, y por tanto un estorbo prescindible.
La resistencia tomó forma con la creación del OPM (Movimiento para la Liberación de Papúa Occidental) en 1965, y el 1 de julio de 1971 sus líderes, Nicolas Jouwe, Seth Rumkorem y Jakob Hendrik Prai proclamaron la República de Papúa Occidental y redactaron un proyecto de constitución. Aunque el OPM tiene el apoyo de casi toda la población, que se resiste a ser absorbida por la cultura javanesa ya mayoritaria en el país como resultado de una intensiva campaña de trasmigración (financiada por el Banco Mundial inter alia), la lejanía del país, la censura y el silencio de los países supuestamente civilizados han hecho que el grado de intensidad de perfil bajo del conflicto haya facilitado enormes abusos contra el pueblo y la tierra misma en forma de desastre ecológico, sobre todo con la mina abierta de cobre y oro de Freeport McMoran y la acelerada desaparición de la selva tropical. La situación del OPM, desde el punto de vista occidental, queda muy claramente descrita en palabras del embajador de los EEUU en Indonesia, Francis Joseph Galbraith, en junio 1969: "El Movimiento Papúa Libre no es una organización revolucionaria perversa como piensa la mayoría […]. Estos disidentes del gobierno no tienen ningún conflicto con las demás partes, no reciben asistencia externa o dirección y son prácticamente incapaces de desarrollar una insurrección generalizada en contra del gran régimen militar indonesio en Irián [Papúa] Occidental…"

El embajador Galbraith no entendía muy bien los principios de la guerra de guerrillas. Hoy en día el OPM controla zonas difícilmente delimitables en las que el terreno montañoso y boscoso les da cobertura. Por muchas razones, no es nada fácil averiguar la capacidad de resistencia ni el alcance organizativo del OPM aunque los universitarios representan la forma más visible de la resistencia con protestas y manifestaciones, siempre castigadas con dura represión, incluso con asesinatos. De hecho, en un contexto político dominado por la violencia del ejército al que pertenecía, con fama de duro, el actual presidente "civil" Susilo Bambang Yudhoyono, la represión llevada a cabo por los militares, la policía y los milicianos mercenarios, es constante y despiadada. También los más de un millón de habitantes del Java superpoblado trasladados a Papúa no solamente aligeran la presión demográfica de la isla, sino que tiene el papel muy premeditado de "aculturizar" el pueblo de Papúa Occidental. Además establecen zonas divisorias para aislar la guerrilla y constituyen un arma étnica que domina toda actividad económica y todo proyecto de desarrollo. Evidentemente el nivel de pobreza entre la población local queda muy por encima de la media nacional.

En 2004, la Universidad de Yale publicó un informe con el título Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control(Abusos de derechos humanos en Papúa Occidental: Una aplicación de la ley de genocidio a la historia del control indonesio). Concluyó que a pesar de la dificultad de obtener información, "la evidencia histórica y contemporánea aquí presentada indica claramente que el gobierno de Indonesia ha perpetrado acciones proscritas con la intención de destruir el pueblo de Papúa Occidental como tal, violando la Convención del 1948 sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y la prohibición incorporada en el derecho internacional consuetudinario."

Benny Wenda, un líder del OPM ahora exiliado en el Reino Unid,o escribió hace unos días una carta abierta explicando la situación actual:
“Hay una crisis humanitaria muy grave en Papúa Occidental. Miles de civiles incluyendo mujeres y niños se han refugiado en la selva huyendo de los militares de Indonesia. Organizaciones humanitarias, observadores de derechos humanos internacionales y los periodistas tienen prohibido el acceso a la región. Lo que pasa aquí es un genocidio. Por favor, haced todo lo posible para ayudarnos antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos urgentemente las fuerzas de la paz de la ONU y que los responsables de estos crímenes horrorosos sean llevados ante los tribunales. […] Nosotros somos seres humanos y sólo pedimos los mismos derechos que vosotros para vivir en paz sin miedo a la detención, asesinato, intimidación, tortura o violación."

Éste es el nudo de la cuestión: el de derechos. Durante casi 50 años y a pesar de los esfuerzos del gobierno de Indonesia y sus aliados, las graves violaciones de los derechos del pueblo de Papúa Occidental no han sido un secreto en absoluto. Siempre ha habido gente que ha puesto el grito en el cielo sobre los crímenes que se han cometido en este bello país, un grito que siempre ha caído en oídos sordos o indiferentes. ¿Por qué? ¿Es que no hemos avanzado más allá del pensamiento preilustrado para quedarnos con el razonamiento de gente como Tomás de Aquino que afirma que el derecho natural –la base de los derechos humanos universales– es neutral frente a la esclavitud o a la libertad, "pues se trata, en ambos casos de productos de la razón para beneficio de la vida humana"? ¿Es ésta una razón que beneficie la vida humana? ¿La Declaración de Derechos Humanos "Universales" excluye a este hombre torturado y a su pueblo? La dura realidad es que los derechos humanos son sólo para algunos y si no podemos reclamarlos para todos sin excepción, y si los que disfrutamos de los mismos no podemos reconocer el deber de proteger los derechos de los demás, el círculo de los afortunados irá encogiéndose cada vez más.
Julie Wark es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso.
Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3657

lunes, 25 de octubre de 2010

MARCHA PATROTICA Y CABILDO ABIERTO POR LA INDEPENDENCIA: CONSTRUYENDO LOS SENDEROS DE LA LIBERTAD, FORJANDO LOS LAZOS DE LA UNIDAD POPULAR


Quienes nos interesamos  por comprender   mejor una determinada  cadena  indivisible de hechos  lapidados en  la historia, apelamos a la vida y a la obra de los hombres y las mujeres que desempeñaron un rol protagónico en la conducción de las voluntades  con gredas y en la ejecución de los consensos establecidos. Esta  vez no será la excepción,  aun cuando no son los individuos, si no los  sujetos  en su conjunto los constructores de  su futuro. José María Carbonell será nuestro personaje y con el haremos del pasado una realidad de nuevo. Su voluntad insoslayable de enfrentar con esperanza el despotismo y la declinación ante el régimen colonial,  manifiesto en la figura administrativa  y la potestad de la corona española, pero también contra  la exclusión de aquella figura denominada peyorativamente por los privilegiados como la muchedumbre, continua presente en la memoria del pueblo que se congrega nuevamente, tras dos siglos de lucha continua e impostergable por lograr dos cosas: decidir sobre su futuro y actuar para  la redención ante la barbarie. La obra de Carbonell se resume en  el llamado para la instauración de una junta popular, que le diera potestad, le brindara legitimidad a la opinión de las clases desarraigadas y oprimidas,  en contraposición a  la junta de los verdugos nativos;  excluyente y aristocrática, donde se observara la pulcritud de las fachadas y se obedeciera a sucios interés mezquinos  de egoísta espíritu.
El 19 de julio de 1816,  este hombre, fue degollado en la capital, por órdenes del “pacificador” Morillo, debido al atrevimiento imperdonable de haberse sublevado ante la corona y  la hipocresía de la naciente y en proceso de conglomeración, oligarquía criolla1. Su delito es hoy un derecho de todos los pueblos. La rebelión es el mejor antídoto contra la degradación  y la cura más indicada  para sanar   las disputas entre un estado ilegitimo  y el clamor de todo un pueblo que reclama paz, libertad y justicia social.

 En la voz de más de 16000 personas se escuchó en la capital, el 19 de julio del año en que conmemoramos nuestra gesta por la definitiva independencia, el eco de esta reflexión, que retomó la  figura organizativa de la cual sería partidario Jose Maria Carbonell. Desde ese día hasta el 21 de julio, se congregaron en diferentes lugares del país, cientos y miles de personas para demostrarle al mundo que la espada con la que lucharía Bolívar y la palabra de Carbonell  que gestaría el fuego insurreccional del pueblo, continúan en alto junto a la reivindicaciones propias de las clases populares que se proponen la construcción de la democracia y de la justicia social. 

La Marcha patriótica retoma los anhelos ancestrales  del pueblo colombiano que continúan siendo el componente esencial para la solución  del conflicto social y armado por el que atraviesa nuestro país, la necesidad de lograr una solución política  que permita una reconfiguración  en la organización   estatal y en las políticas adoptadas para hacerle frente a la descomposición del tejido social y a los problemas estructurales  que agobian a  la nación. Por medio de la marcha y con la instauración de los  10 cabildos temáticos, los diferentes estamentos sociales debatieron, socializaron y elaboraron una puesta programática que dio como resultado la elaboración de la PROCLAMA POR LA NUEVA INDEPENDENCIA a través de los memórales de agravio que se construyeron en cada uno de los cabildos y que dieron paso a la instauración del CABILDO NACIONAL Y PERMANENTE, como escenario de encuentro para continuar  con las propuestas elaboradas  a desarrollar en cada una de las regiones ,  que desemboquen en  actividades que promuevan la movilización y la puesta en marcha del PARO CIVICO NACIONAL que se llevara a cabo el próximo año2

Junto a este evento de gran envergadura, se desarrollaron simultáneamente otras actividades lideradas por diversas organizaciones,  para visibilizar y dar a conocer otra lectura  a la realizada por el gobierno tirano y apátrida de Álvaro Uribe Vélez junto al presidente electo, Juan Manuel Santos,  representantes de esa  elite vende patria que permitió el uso de sus bases militares y el ingreso de la fuerza militar norteamericana, fracturando  nuestra soberanía y pisoteando una vez más  nuestra capacidad de  autodeterminación, sin dejar a un lado los crímenes de lesa humanidad que han cometido a lo largo y ancho de nuestro territorio como el dislocamiento del patrimonio nacional dado en la explotación que realizan las  empresas extranjeras sobre  nuestros recursos naturales y de nuestra mano de obra,  realizando privatizaciones a ultranza y socavando la calidad de vida de todos y cada uno de nuestros compatriotas. 

El movimiento social y político cuenta con el reto de superar la dispersión, para lo que requiere erradicar algunas prácticas comunes que conducen al sectarismo y la exclusión mutua entre proyectos que coinciden en la necesidad de dar por finalizada la era del neoliberalismo, del terrorismo de estado y del dominio de la oligarquía que ha lesionado con creces la dignidad y los intereses mayoritarios.  

Solo mediante la voluntad y la acción colectiva podremos transformar la realidad nacional y sumarnos a la corriente que se continúa gestando en Latinoamérica para constituir una fuerza  por la hermandad y la solidaridad entre los pueblos que se libran progresivamente de la inherencia e intervencionismo norteamericano y en el sendero del socialismo del siglo XXI. 

1 Iriarte Martínez, Fernando, “El chispero” Carbonell, Editorial Tiempo de leer, Bogotá, 2010,  No. Págs. 95

 Por: Ivan Ramiro

Colectivo Desde el Sur

lunes, 18 de octubre de 2010

Una restitución de tierras sin reparación integral para las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras y territorios

CARMEN ANDREA BECERRA BECERRA Abogada especializada en Derecho PenalSociólogia Universidad Nacional de Colombia Investigadora del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA

El proyecto de restitución de tierras radicado ante el Congreso por el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y por el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, durante la primera semana de septiembre, además de presentar difusamente el procedimiento mediante el cual el gobierno Santos pretende llevar a cabo la restitución de dos millones de hectáreas a los desplazados, evidencia el carácter limitado de la restitución al desconocer los estándares internacionales en materia de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
 
La reparación integral es un derecho que supone para el Estado un conjunto de obligaciones reconocidas en principios, tratados e instrumentos internacionales de Derechos Humanos 1; frente a las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras y territorios, estas disposiciones parten de la identificación de los diferentes tipos de daños, así como de la interrelación de los derechos que forman parte de la reparación integral –la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición–. Cada uno de estos derechos reviste dimensiones individuales y colectivas, componentes diferenciados y pueden ser desarrollados a partir de la implementación de medidas de tipo normativo y reformas institucionales, así como mediante la adopción de procedimientos especiales de tipo administrativo, judicial o extrajudicial que posibiliten la participación de las víctimas y permitan la realización de sus expectativas de reparación. 

En este sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2, la Corte Interamericana de Derechos Humanos3 y varias sentencias de la Corte Constitucional 4 han destacado que la obligación de respetar y aplicar las normas internacionales de derechos humanos, en las que se reconocen estos derechos, supone para el Estado el deber de:

  • Adoptar disposiciones legislativas administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones.
  •  Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los responsables.
  •  Dar a las víctimas un acceso equitativo y efectivo a la justicia.
  • Proporcionar a las víctimas recursos eficaces para garantizar su derecho a la reparación.
Las experiencias comparadas que dan cuenta de los procesos de reparación a las víctimas del desplazamiento forzado permiten identificar cómo una de las principales dificultades que subyacen a los procesos tiene que ver con la definición restringida del universo de víctimas en los instrumentos normativos previstos para efectos de acceder a alguna medida de reparación. Otra de las dificultades hace referencia a la
falta de voluntad por parte del Estado, a la precariedad de recursos o a la falta de capacidad institucional para garantizar los diferentes componentes de la reparación, tales como la restitución, indemnización, la compensación y rehabilitación. Dentro del conjunto de lecciones aprendidas de estas experiencias, vale la pena destacar también que las medidas a ser adoptadas para el juzgamiento y sanción de los responsables de crímenes como el desplazamiento forzado, deben articularse con medidas orientadas a la reparación integral de los derechos de las víctimas del despojo de tierras y territorios, dando especial importancia a la restitución y las garantías de no repetición 5. En cuanto a los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades campesinas, de las mujeres y de los grupos étnicos víctimas del desplazamiento forzado es preciso tener
en cuenta que –en el contexto del conflicto social y armado– éstos han sido desconocidos y vulnerados con anterioridad al desplazamiento, y que esta situación de vulnerabilidad y exclusión fue a la vez causa de desplazamiento forzado como estrategia de desterritorialización y del despojo o abandono forzado de tierras y territorios. Además, los derechos de estas comunidades continúan siendo vulnerados ante el desplazamiento forzado que aún no cesa, cobrando especial importancia el tema de las garantías de no repetición y su  articulación con los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

A continuación se mencionan algunos aspectos que, de conformidad con los estándares internacionales, deben ser tenidos en cuenta al abordar una propuesta de reparación integral para las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras y territorios y que brillan por su ausencia en el proyecto de restitución de tierras del gobierno:

  • Se debe incluir como destinatarios de las medidas de reparación a los grupos considerados de especial protección. La Corte Constitucional6 identificó así a las mujeres y los grupos étnicos, pero, además de estos grupos, debería reconocerse también a las comunidades campesinas, teniendo en cuenta su relación con la tierra y su aporte en la configuración del territorio a partir de actividades de tipo económico, político, organizativo, social y cultural, tal como lo establecen los Principios Rectores del
    Desplazamiento Forzado7.
  • Es necesaria la adopción de un enfoque diferencial y étnico que dé cuenta de las diferentes formas de relación con la tierra y del significado que tiene el territorio para las mujeres, los grupos étnicos y las comunidades campesinas.
  • Se deben identificar y tener en cuenta los diferentes tipos de daños causados a las víctimas del desplazamiento forzado, incluyendo aquellos de contenido patrimonial (tierras, inmuebles, animales, cosechas, enseres, etc.), incorporando en la valoración de estos daños los conceptos de daño emergente y lucro cesante; daños de tipo psicológicos y psicosociales; el daño a los proyectos de vida individuales y colectivos, entendiendo dentro de esta última categoría los procesos organizativos, tales como cooperativas, juntas de acción comunal o veredal, organizaciones y comités campesinos, formas de organización tradicional de los grupos étnicos, etc.
  •  En cuanto al derecho a la verdad, es fundamental que las víctimas conozcan las circunstancias, el contexto, el discurso, y las estructuras políticas, militares y económicas mediante las cuales fueron desplazados de sus territorios y despojados de sus tierras; que la sociedad reconozca la existencia de todas las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras, y que el Estado reconozca su responsabilidad en estos hechos.
  • El derecho a la justicia representa para las víctimas la posibilidad de acceder a un recurso o acción encaminado a la investigación de los hechos que dieron lugar al desplazamiento forzado y al despojo de tierras, al juzgamiento de los responsables y beneficiarios del despojo, al establecimiento de los diferentes tipos de daños ocasionados, a sancionar con penas adecuadas y proporcionales a los responsables y a garantizar el derecho a la reparación 8.
  • La pertinencia de considerar además del enfoque restitutivo el análisis de las condiciones estructurales de exclusión y la importancia de considerar el potencial transformador de las reparaciones en sociedades como la colombiana son destacadas por algunos autores 9, quienes afirman que las reparaciones no se pueden reducir a enfrentar el daño ocasionado a las víctimas, sino que deben tener en cuenta además las condiciones de exclusión en que ellas vivían y que permitieron o facilitaron su victimización.
  •  Respecto a las medidas de no repetición –en el contexto actual–, éstas deben partir del reconocimiento del conflicto social y armado y orientarse a la adopción de reformas institucionales y normativas que aborden los problemas estructurales en relación con la tierra (concentración y cambios en el uso del suelo) y el correlativo despojo y desplazamiento forzado de población. Además deberían dejar sin efecto las normas del derecho interno cuya aplicación favorezca la impunidad frente al desplazamiento forzado o que contribuyan a la legalización del despojo.
 En el escenario actual de presentación de propuestas y de iniciativas para la restitución de tierras a la población desplazada, cobra vigencia la aplicación de los estándares internacionales en materia del derecho a la reparación integral de las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras y territorios, siendo necesario el análisis de las propuestas actuales o en curso frente a las dimensiones y componentes del derecho a la tierra y al territorio, revistiendo especial importancia la participación de las víctimas en  la identificación de los daños y en la formulación de propuestas de reparación integral con enfoque diferencial y étnico, tomando como punto de partida las causas estructurales del problema de la tierra en Colombia.

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1 Convención Interamericana de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Naciones de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (Principios Joinet), 1998; 3) Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho Económico y Social, 2005; Restitución de viviendas y de patrimonio con motivo del regreso de los refugiados y desplazados internos. Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, 57º período de sesiones, Sr. Paulo del Desplazamiento Forzado. Informe del Representante Especial del Secretario Personas, Sr. Francis Deng, E/CN.4/1998/53/Add.2, febrero 11 de 1998
 2 CIDH Lineamientos Principales para una Política Integral de Reparaciones, OEA/Ser/L/V/II.131 Doc. 1,  19 febrero 2008
3 Corte IDH. Caso Suárez Rosero. Reparaciones. Sentencia 20- 01- 1999.
4 Corte Constitucional. Sentencias C – 370 de 2006, T 025 de 2004.
5 Para un análisis sobre la inclusión del derecho a la restitución en el marco de procesos de paz
6 Corte Constitucional. Sentencia T 025 de 2004
7 Principios Rectores del Desplazamiento Forzado. (Principio 9). Informe del Representante Internos  de Personas, Sr. Francis Deng, E/CN.4/1998/53/Add.2, febrero 11 de 1998.
8 Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder,1985; Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad  (Principios Joinet).
9 Saffon, M.P y Uprimny, R Reparaciones transformadoras, justicia distributiva y profundización democrática. En: Reparar en Colombia: Los dilemas de contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Bogotá. ICTJ, DE JUSTICIA,2009,p.35.

domingo, 10 de octubre de 2010

Crónica de la instalación del Congreso de los Pueblos


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La plaza Che de la Universidad Nacional se vistió de colores, fiesta, arengas, alegría y diversidad en el marco del Congreso de los Pueblos el 9 de octubre de 2010, una apuesta desde los sectores populares para construir una propuesta de país fundamentado en la vida digna.
La convocatoria para el acto de instalación era a las 10 de la mañana, pero a esa hora la plaza estaba a medio llenar. Pero pronto en casi un abrir y cerrar de ojos, la plaza se había llenado y se hacía sentir la presencia de estudiantes, afrodescendientes, maestros, organizaciones barriales, municipales y populares en general, entre otras. Los participantes iban llegando con muchas expectativas y reencontrándose con abrazos afectuosos de amigos, conocidos y compañeros de la vida, proyectos y sueños.

Entre arengas alusivas al congreso, a la lucha popular y a la memoria de quienes han muerto por entregarse a las causas sociales, inició la intervención de Feliciano Valencia, indígena Nasa perteneciente al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), reconocido por animar los procesos comunitarios en el norte del Cauca, vocero de su comunidad a nivel nacional y uno de los principales impulsores de la Minga Nacional de Resistencia de los Pueblos Indígenas de La María en Piendamó realizada en el 2008 y que terminó en Bogotá en exigencia a los derechos indígenas. Su intervención inició afirmando que en el Congreso de los Pueblos estaban congregadas personas de diferentes culturas, creencias religiosas, animadoras en trabajos populares de barrios, comunas y demás. El público mientras tanto conservaba silencio para escuchar las palabras de quien es considerado por algunos una autoridad.
Los problemas logísticos de sonido tuvieron su primera mala jugada. Las palabras de Feliciano se postergaron entonces y fueron reemplazadas por las arengas de los congresistas generando un derroche de energía que convocaba a la unidad.
Las palabras del animador continuaron resaltando la importancia y la necesidad de reencontrarse teniendo en cuenta la difícil situación en la que se encuentran los pueblos colombianos y la sociedad en general por los hostigamientos de los diferentes actores armados. «La lucha de las organizaciones sociales se hace en medio de los tiros, la guerra y las minas antipersonales», afirmó, pero también la pugna con las empresas transnacionales —principalmente mineras que atentan contra la madre tierra en territorios indígenas y afrocolombianos sin contar con la aprobación de estos—, el desplazamiento forzado, la falta de empleo digno, la decadente prestación del servicio de salud. «No declinemos por más dura que sea la guerra», agregó.
Luego sus palabras se centraron en informar de las actividades llevadas a cabo en el marco del Congreso por parte de los participantes: «Desde hace tres días hemos dejado la pala, el machete, las semillas y la tierra para venir. Nos hemos venido con lo que tenemos: sueños, protestas, pliegos, iniciativas, proyectos, reivindicaciones». Todo esto porque como él afirmó es muy importante que las regiones se encuentren para conversar y seguir buscando caminos de unidad. El público mientras tanto a pesar de los problemas de sonido permanecía atento a las palabras de Feliciano.
Luego de una nueva pausa por problemas de sonido que interrumpieron la palabra en algunas ocasiones, continuó haciendo homenaje y memoria a quienes han entregado su vida por alcanzar el sueño de una justicia y un mundo mejor. En ese sentido recordó al Che Guevara —que en estas fechas se conmemora su muerte— o a Manuel Quintín Lame, luchador indígena Nasa quien lideró la defensa del territorio en la primera mitad del siglo XX y fue una autoridad e inspirador de las luchas indígenas. Su reconocimiento continuó haciendo referencia a los demás mártires del pueblo —campesinos, luchadoras y luchadores— que pagaron una alta cuota para procurar un cambio.
El Congreso de los Pueblos —continuó la intervención— es un espacio para que los sectores excluidos converjan para que entre todos se aporten ideas y se planteen alternativas «con quienes estamos aquí pero también con los vendedores ambulantes, con los indigentes y con todos aquellos que están por debajo de la línea de pobreza, con todos ellos, los que han sido excluidos construiremos la revolución».
Las palabras de Feliciano continuaron animando a los asistentes para que participaran de manera activa de cada una de las mesas de trabajo y luego hizo la presentación de la manera cómo estaba estructurado el Congreso, presentó las líneas temáticas e hizo énfasis en la necesidad de abordar las tres líneas: estrategias, caminos a seguir y la metodología. También informó sobre las líneas de coordinación que hará seguimiento el Congreso y que en total había 212 organizaciones convocando al evento.
Por último informó sobre la agenda pensada para los siguientes días en que destacó que el domingo 10 de octubre «nos vamos a congregar las diferentes regiones para ir recogiendo lo que se trabajó el sábado e ir recogiendo las tres líneas de acción». Para el lunes «vamos a dar tiempo a las relatorías no a sintetizar sino a traer los elementos para la discusión y así definir el camino de acción» e invitó a la marcha a la plaza de Bolívar para el martes 12 de octubre que concluirá con la presentación de artistas que se unieron al Congreso. Indicó, entre estos, a Andrea Echeverry (Aterciopelados), La Orquesta 33 y un grupo de gaiteros. Terminado el concierto está previsto que se posicionen los mandatos del Congreso de los Pueblos y se reafirme la posición de exigencia ante el Gobierno. Continuó explicando que, finalmente y luego de un abrazo, se producirá el regreso para seguir trabajando en las regiones insistiendo que se seguirá legislando de manera itinerante en cada uno de los lugares de trabajo de los congresistas.
Para culminar y dar la apertura a las mesas de discusión convocó a «los muertos que no están muertos, al Dios de justicia y libertad, a los guías espirituales naturales», así como a todas las personas que por diversas razones no pudieron asistir al Congreso. Convocó también la sabiduría de todos los asistentes para que fluyan las ideas y se logren buenas conclusiones. Feliciano continuó haciendo mención a personas víctimas de persecución y concretamente a la senadora por el Partido Liberal Piedad Córdoba, inhabilitada por la Procuraduría de la Nación para ejercer cargos públicos por 18 años tras señalarla de hacer apología a las FARC. También habló de Aida Quilcué, ex consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca y víctima de persecución razón por la cual no pudo asistir al congreso. Por último recordó a los presos políticos y a los secuestrados.
«Con esta ruta empezamos a trabajar. No se queden en las carpas ni mirando los árboles sino que vamos a discutir. En la noche habrá espacios de esparcimiento así que aprovechemos éste para discutir». Continúo haciendo énfasis en la importancia del Congreso: «Estamos haciendo historia» y de esta manera dio apertura al evento cerrando su intervención con una de las frases que guía la construcción de los planes de vida: «Nos jugamos la vida para seguir viviendo».
Con estas palabras Feliciano Valencia cerró su intervención acompañada de arengas y consignas de los demás participantes que hacían sentir la esperanza y la apuesta por contribuir a una propuesta de un nuevo país basado en la vida digna. «Congreso de los Pueblos, poder, democracia y socialismo» era una de las arengas que más se escuchaban.

http://congresodelospueblos.org/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=85:cronica-de-la-instalacion-del-congreso-de-los-pueblos&catid=1:latest-news