domingo, 6 de junio de 2010

Uribe, un adiós sin gloria

Por: Carlos Gutiérrez.

El mal no duró cien años. Aunque la propaganda enfatice en que fue el mejor de los gobiernos hasta ahora conocido en Colombia, el de Uribe será recordado como uno de los más nefastos para el país.



Estos ocho años de Álvaro Uribe al frente de los destinos de Colombia son para nunca olvidar. El doble período dejó un expediente abierto y un sello indeleble en buena parte de los connacionales. Sello imposible de borrar sin una terapia de reconciliación y un tratamiento que recorra el camino de la justicia, la soberanía; el fin de la pobreza extrema, el desempleo estructural y la ‘flexibilización’ laboral; la revisión de la gran propiedad rural y urbana, la inclusión social y la paz. Ojalá como tareas diarias de un gabinete de transición democrática.

Para no olvidar jamás. Bajo la marca comercial de ‘seguridad democrática’, desde el primer momento de su gestión, con su pregón y sus órdenes de guerra –secretas o públicas, ilegales o legales–, y el discurso de la derrota del contrario como requisito para resguardar los privilegios del establecimiento y de los dueños y testaferros de la tierra, Uribe Vélez puso sus cartas sobre la mesa: vinculación de la población civil al conflicto, como trasvase; y extensión ‘institucionalización’ o legitimación del dispositivo paramilitar de las auc. Aumento del pie de fuerza, de los soldados profesionales, y del aparato y su maquinaria militar. Sindicaciones y señalamientos a miles de personas. Todo bajo las premisas de orden, autoridad, tradición y un presidencialismo anticonstitucional. El archivo de nuestra soberanía, bajo la alianza incondicional con los Estados Unidos, y en forma creciente con las acciones encubiertas y de inteligencia con empresas de mercenarios y del Estado y el ejército israelíes que traspasan las fronteras.

En este contexto de sociedad en pie de guerra que Uribe ofreció, y que en una pasajera o más dilatada coyuntura cuenta todavía con montones de adherentes, una de sus primeras propuestas –avalada por su experiencia directa en las cooperativas Convivir– fue la de integrar un millón de ciudadanos armados e intercomunicados al servicio del Ejército, para lo cual actuó a través de diferentes mecanismos: soldados campesinos y guardabosques, taxistas en red comunicados a través de Avantel, hasta llegar a los estudiantes delatores. Y mucho más hizo a la par.

También, entrelazada y construida con dineros oficiales, mediante un entramado de organizaciones sociales afines al establecimiento, articuló una extensa red social con pretensiones corporativas y de prolongación del poder: empujada en la juventud, entre los indígenas, en el mundo sindical y en la política electoral. Asimismo, como parte de un modelo de guerra política, puso en acción un intenso modelo comunicativo y de mensajes y titulares desinformativos que no les dio descanso a los ojos y los oídos de los colombianos. Uribe quiso tapar la deuda del poder y su injusticia, que en su expresión de partidos liberal y conservador, hoy, tras las derrotas de blancos y colorados en Paraguay y del PRI en México, es la más vieja y desueta del continente.

Apenas se posesionó, anunció que al rendir el informe de sus primeros cien días daría cuenta del rescate vivos o muertos del gobernador de Antioquia y del ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri, y de la baja al menos de alguna cabeza reconocida de la guerrilla. Como se recordará, en ese informe no pudo satisfacer la promesa de campaña y la pretensión de una guerra rápida y triunfal en su primera Presidencia. El desafortunado rescate de los plagiados vendría después.

Transcurridos algunos meses, reafirmó ante todo el país su decisión de guerra a cualquier costo. En enero de 2003, llamó a los Estados Unidos a desembarcar sus tropas en el Amazonas, “antes de hacerlo en el territorio de Iraq”. Sin fórmula alguna de solución política –distinta de un irrealizable desarme de la insurgencia con origen campesino–, siete años después hizo realidad otro paso en su proyecto de “tierra arrasada”: entregó el territorio nacional –siete bases que en realidad son 10– para que opere la potencia del Norte con su ejército, potencia con la cual, en embriaguez antipatriótica y de afectación a los vecinos de la región y el continente, se identifica sin ambigüedades. Tanto, que en 2004, al apoyar públicamente la invasión de un tercer país dijo: “[Apoyamos] el uso de la fuerza en Iraq para desarmar dicho régimen y evitar que sus armas de destrucción masiva continúen como una amenaza contra la humanidad” (sic)1.

Proyecto de orden, control y disciplina que pese a disponer por ocho años initerrumpidos del mayor presupuesto para las FF.AA. y de los apoyos internacionales y militares con burla del debate en el Congreso, aún no logra que la sociedad se pliegue a la propuesta de derecha e inmoralidad financiera que se propone conservar el poder y la Casa de Nariño.

Son artimañas todas éstas de orden, autoridad y ‘moral’ antiterrorista, que del mismo modo que apoyan el cerco del antiguo imperio persa por parte de las barras y las estrellas –con su tenaza desde Iraq y Afganistán, y los intentos de estribos en Osetia e intromisión en Tíbet (con ocultación de los intereses en relación con el petróleo y el avance de posiciones frente a Rusia y China)– niegan las causas profundas del conflicto criollo que hace presencia desde hace un poco más de 60 años.

Tal proyecto de sociedad y relación internacional, levantado pieza a pieza sin descanso durante su doble gobierno, nos hizo decir hace ya ocho años: “Si esta concepción se aplica […] con este gobierno marcharemos hacia una sociedad disciplinaria, donde se corre el riesgo de convertirnos en el ojo del vecino, en su posible delator e inclusive, de ser necesario, en su asesino. Estaremos entonces ante una sociedad que no permitirá disidentes ni contradictores; una sociedad despótica que pone en profundo riesgo la democracia liberal […]”2.

Y los hechos confirman con creces ese modelo que niega la vida, la paz y la pluralidad: “pescas milagrosas” o detención arbitraria de centenares de activistas bajo sospecha de ser miembros de la insurgencia, la mayoría de ellos dejados en libertad por falta de pruebas luego de meses o años en prisión; testigos cautivados con el pago o la promesa de importantes sumas de dinero, que a la vez propician la corrupción dentro de las filas de los organismos de inteligencia militar; persecución y asesinato de quienes no se guardaron sus críticas al gobierno; espionaje telefónico, montaje de conspiraciones para hacerle creer a la sociedad que aquellos que piensan distinto del gobierno son terroristas; acciones de sabotaje para atemorizar articulistas, académicos o pensadores disidentes, e incluso a los jueces de la república que actúan basados en el estricto Derecho.

Proceder ilegal de grabaciones e interceptación de comunicación privada y personal que era vox populi, impune, pero reafirmado hace unas semanas, cuando vieron la luz pública unas órdenes operativas que fueron decomisadas en un allanamiento a las instalaciones del DAS. Años atrás, jefes paramilitares dieron detalles: muchos de sus asesinatos se produjeron por órdenes provenientes del cuerpo de inteligencia del gobierno. No es casual que estén en prisión, condenados o bajo investigación, por presuntos vínculos con el paramilitarismo, el ex director del DAS Jorge Noguera Cotes, el subdirector José Miguel Narváez, el ex director de informática de la central de inteligencia Rafael García y el ex funcionario de contrainteligencia Jorge Lagos. Un escabroso cuadro.

Las investigaciones se extienden al resto de aparatos de la guerra en sus desmanes y crímenes. “Hoy, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tiene abiertos 1.273 procesos contra miembros del Ejército y civiles, que por ahora dejan un saldo de 2.077 asesinados, 59 de ellos menores de edad y 122 mujeres”. Pero no es sólo esto. Debemos recordar que por delitos como estos, que llegan a no menos de 2.000 homicidios a sangre fría, ya hay fallos de la justicia con 137 condenas de militares y 396 órdenes de captura expedidas. Del mismo modo, “en los últimos siete años, la Procuraduría abrió 1.274 investigaciones contra 2.965 miembros del Ejército. Los militares investigados son efectivos de 35 brigadas (10 de ellas móviles); 481 son oficiales, incluyendo 14 coroneles; 1.026 son suboficiales y 1.458 soldados”3. A todas luces, no son casos excepcionales, como les gusta decir ante los micrófonos a los Ministros de Defensa y los generales. Se trata de todo un diseño estratégico, denominado ‘seguridad democrática’, sello innegable del gobierno que entregará su mando el próximo 7 de agosto. Este sello ha llevado al país a la paranoia de que cientos de ciudadanos sean seguidos cada día, y no sólo ellos sino también sus hijos y familiares, y otros tantos sufran amenazas, hostigamiento, montajes, cárcel, difamación, exilio, desplazamiento.

Antes de conocerse estas prácticas, el país comprobó que Carlos Castaño no mintió al asegurar que el 35 por ciento del Congreso tenía control paramilitar. La investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra de decenas de congresistas y otros políticos liberales y conservadores de importancia nacional, regional y local confirma con creces esta aseveración. Abre a la vez la aún no esclarecida pregunta: ¿Cuántos votos válidos y de fraude aportaron los paramilitares para la elección y la reelección de Álvaro Uribe? He aquí y de bulto una parte sustancial de la herencia del actual gobierno, que no puede quedar en olvido.

Otra también deja una estela de corrupción y de miseria en aumento y desempleo. La yidispolítica y su vínculo con una administración a favor de los intereses privados, con graves costos para los sectores mayoritarios del país (reforma laboral, venta de la red pública hospitalaria y de los bancos estatales, extensión del IVA a toda la canasta familiar), impunidad (copamiento del poder local en muchos lugares y regiones, y de las instituciones de seguridad y justicia, y “negociación” con los paramilitares), regresión a la economía de extracción, monocultivos, ganadería extensiva, poderes locales fortalecidos, crisis ambiental.

La sociedad busca escape y transición


Estas son las prácticas de seguridad y control, política económica y social que hoy tienen efecto en la situación electoral. No casa la pieza en el dominó. Miles de jóvenes no quieren que Uribe continúe desbarajustando la legalidad en el país en cuerpo ajeno. Ahora, con su opinión a favor de un candidato distinto de la continuidad uribista, hacen temblar al candidato delfín. Como no quieren que tampoco continúe la agresión a los procesos de integración suramericanos, que nos ha refrendado como un auténtico Caín de América del Sur y nos priva de un mercado que, como el venezolano, representaba la plaza más importante para nuestras exportaciones con mayor valor agregado. En los dos primeros meses de este año, las ventas hacia el vecino país se redujeron en un 75 por ciento y, pese a ello, la belicosidad no cesa. Pareciera que el desbordamiento del doctrinarismo de derecha se impusiera incluso sobre los cálculos económicos e invirtiera la lógica de lo prioritario.

¿Cómo ha sido posible que tanto desbarajuste junto haya sido prohijado y mostrado como exitoso? No cabe duda de que una parte importante de la respuesta debe buscarse en la anuencia de los medios de comunicación que convirtieron los desmanes en anécdotas folclóricas. La visita de un conocido delincuente y su abogado a la Casa de Nariño se tornó anodina discusión sobre si la entrada por los sótanos era subrepticia o transparente; los negocios ventajistas de los “hijos del Ejecutivo” se transformaron en la discusión sobre si el ‘emprendimiento’ era o no cualidad heredada; los asesinatos de civiles con los que se ha pretendido mostrar como exitosa la llamada política de la ‘seguridad democrática’ se tradujo en “falsos positivos”, que hoy son tratados casi como chistes cuando con él se alude a quien era Ministro de la Defensa, en cuyo mandato el escándalo alcanzó las mayores dimensiones, y que hoy como candidato se pasea como si nada.

Es cierto que en algunas ocasiones las revistas de opinión hicieron investigación crítica y que algunos periodistas tuvieron que pagar con el exilio cuando fue el caso de algunos que pertenecían a medios de difusión importantes, o con la vida si ejercían el periodismo en la provincia, pero eso no puede ocultar que, frente a la reacciones cínicas del gobierno cuando fue sorprendido con las manos en la masa, la prensa optara por una posición timorata rayana con el encubrimiento.
¿Y la academia? Quizá no cabe papel más gris en una coyuntura tan difícil y una posición más cómoda que la renuncia al estudio de un momento de la historia en el que se sigue pretendiendo cortarle el cuello a lo poco que queda de verdadero disentimiento.

No dejan de tener razón quienes se resisten a que a Uribe se le compare con Bordaberry o Fujimori, pues éstos, al final de cuentas, pudieron dar un parte de victoria. Sin embargo, no les cabe razón en el sentido de que tanto unos como otros fueron delegados para hacer el trabajo sucio de limpiar de disidentes sus países, tal como fue también la misión de Pinochet y en general la de todos los dictadores del Cono Sur, aunque se debe reconocer que allí cabe una pequeña diferencia: en Colombia, ese trabajo sucio se había inaugurado mucho antes. En este punto, no deja de picar la curiosidad por el futuro judicial de los actores principales del actual gobierno, independientemente de si en las elecciones que se avecinan gana aquel por el que apuestan u otro diferente. ¿Serán enjuiciados, así sea dentro de varias décadas, como hoy lo son Fujimori, Bordaberry o Jorge Rafael Videla? Es posible, aunque se puede dudar de que, igual que en el caso del sur del continente, los instigadores, los verdaderos titiriteros, salgan a la luz, pues, aunque en los corrillos se pronuncien sus nombres, los grandes usufructuarios del poder siempre han sabido lavarse las manos, y por eso pueden seguir llamándose sin empacho y sin escrúpulos “las gentes de bien”.

Puede que la opinión que ha florecido en pocas semanas, potenciada por decisiones de la justicia como la negativa a una nueva reelección y la captura de decenas de uribistas confesos, y que se expresa como descontento a través de las redes sociales, no se imponga a la maquinaria electoral oficial. Pero, como sucedió el 25 de octubre de 2003, cuando la opinión mayoritaria se opuso a su pretensión de ajuste neoliberal vía referendo: pese a todos los desmanes en curso y también a la andanada mediática, una franja no despreciable de colombianos se resiste a vivir bajo el dominio de los monopolios y el terror. Por ello, quiéranlo o no los obsecuentes del régimen, el modelo ya comenzó a hacer agua, y las pretensiones de su continuidad muestran obstáculos de tal dimensión que ignorarlos puede conducir a una verdadera hecatombe, pero no a la que aún se pretende fabricar con el fin de darle respiración artificial al continuismo.

http://www.eldiplo.info/mostrar_articulo.php?id=1079&numero=89



1 Gutiérrez, Carlos, “Al presidente Uribe, el Norte no le deja ver...”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº21, marzo de 2004.
2 Gutiérrez, Carlos, “El nuevo orden”,Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº3, julio de 2002.
3 Matyas, Eduardo, “La ‘seguridad democrática’: otro falso positivo”, desde abajo Nº 156, abril-mayo de 2010, p.6.