lunes, 1 de febrero de 2010

LA HORA DE LOS HORNOS - PRIMERA PARTE: NEOCOLONIALISMO Y VIOLENCIA

PUEBLOS ORIGINARIOS, OTROS PROYECTOS Y ALTERNATIVAS PARA AMÉRICA LATINA:

REFLEXIONES EN TORNO AL MULTICULTURALISMO(QUÉ HAY DETRÁS)Y PLURICULTURALISMO (LA-CONTRUCCIÓN DEL ESTADO)

Suyai M. García Gualda

Miércoles 30 de septiembre de 2009, por Revista Pueblos

Abya Yala (como llamaban nuestros pueblos originarios a América Latina) es una región caracterizada por albergar una importante diversidad étnica y cultural. Sin embargo, es conocido que hace más de 500 años con el (mal llamado) “descubrimiento” de América comenzó el sometimiento y silencio forzoso de muchas de estas identidades.


Por entonces nacía el capitalismo a nivel mundial, es decir, se desarrollaba la primera división internacional del trabajo, lo que significó pobreza y dependencia estructural para esta región del globo. Paralelamente, en América comenzaba la división racial del trabajo (Quijano; 2000) en el marco de un proceso de racialización de la vida socio- política (el acceso a los cargos públicos y al cobro de salarios eran privilegios de los blancos, mientras que el trabajo servil -cuasi esclavo- era llevado a cabo por los indígenas).

Claramente podemos observar que se levantaba por aquellas épocas el gigante del capitalismo y con él una serie de prácticas socio-culturales que permiten su sostenimiento y reproducción continua a lo largo del tiempo. En la actualidad, en la fase neoliberal-globalizada, siguen vigentes innumerables prácticas que reproducen el hostigamiento, discriminación y exclusión de los pueblos originarios, colocándolos siempre en el lugar de los “otros” (a quienes se suman una gran cantidad de identidades u “otredades” excluidas de los parámetros aceptados por el sistema hegemónico actual).

Estos otros fueron los que el proyecto de modernidad obligó a abandonar sus prácticas políticas, culturales y religiosas para formar parte de una Nación homogénea lo que se tradujo en un Estado unicultural. Sin embargo y a pesar de las (falsas) apariencias, en los últimos años (caracterizados por el recrudecimiento de las condiciones devastadoras de existencia) han emergido desde el silencio las voces enardecientes de los condenados de la tierra (F. Fannon; 1961).

La América morena se puso de pie demostrando que los estandartes de 1789 (libertad e igualdad) nunca fueron ni son una realidad para esta región. Los pueblos indígenas se constituyeron como actores políticos y sin abandonar la resistencia se propusieron alcanzar el poder. Algunos han optado por la vía institucional como ha sido el caso de Bolivia, otros constituyeron movimientos sociales por fuera de la clásica institucionalidad [1]. A pesar de las diferencias existentes, la gran mayoría coincide en sus principales demandas: territorio, derechos colectivos (basados en el colectivismo) y derecho a la autodeterminación-autonomía.

Es posible afirmar que conforman un cuerpo desobediente (Figari; 2008) que ha logrado poner en jaque al Estado (moderno), a la democracia representativa-liberal y por consecuencia a las clases hegemónicas. Dicha hegemonía radica en el predominio de ciertas clases o sectores sobre otros, lo cual se materializa a través de la negación. Por ello, una estrategia concreta que se han dado las clases hegemónicas para mantener su predominio han sido las conocidas políticas de reconocimiento, lo que se resume en una mera conseción de derechos. Esta jugada táctica se plasma en los discursos basados en la noción de multiculturalismo, claramente en boga en nuestros días en diversos ámbitos, incluso académicos.

Sin embargo, el colonialismo (cultural) que ahoga el pensamiento latinoamericano no ha triunfado, ya que ha comenzado a hacer agua la idea moderna de aunar a la democracia con el capitalismo. De esta manera en boca de los otros resuenan proyectos sustentados en la idea de pluriculturalidad, lo que significa la re-construcción del Estado y con ello una profunda reflexión sobre qué democracia queremos.

Los casos de Bolivia y Ecuador son dos claros ejemplos sobre lo que significa construir estados plurinacionales. Mientras que Argentina sigue siendo (lamentablemente) el fiel reflejo del multiculturalismo.

En este ensayo buscaremos ilustrar brevemente en qué consiste el multiculturalismo, cuáles son los intereses encubiertos y de qué sectores son representativos. De la misma manera indagaremos respecto al pluriculturalismo y la plurinacionalidad; reflexionando y sosteniendo que la alternativa emancipadora para América Latina emergerá de las ideas y luchas de quienes viven en ella desde tiempos inmemorables.

“Desde esos troncos originarios, entremezcladas con las posteriores corrientes inmigratorias se procesará en sucesivas generaciones la historia social subterránea latinoamericana. Donde los hombres y mujeres de esa “América Profunda” van trasmitiendo a sus hijos y sus nietos, los códigos, los valores, el habla, las aspiraciones, las otras ideas que se elaboran en el imaginario de las clases subordinadas, en debate y confrontación con las visiones del mundo de origen europeo incorporadas por los sectores criollos dominantes (…). Procesos que fueron alimentando las identidades populares, vertebrando las nuevas realidades nacionales y continentales, expresadas políticamente en momentos decisivos, en proyectos, liderazgos, construidos alrededor de convocatorias para la formación de la dignidad nacional y social”(A. Argumedo, Los silencios y las voces en América Latina, 2006, p:25).

i. Pueblos Originarios y Multiculturalismo

“Para ellos, nuestras historias son mitos. Nuestras doctrinas son leyendas. Nuestra ciencia es magia. Nuestras creencias son supersticiones. Nuestro arte es artesanía. Nuestros juegos, danzas y vestidos son folclore. Nuestro gobierno es anarquía. Nuestra lengua es dialecto. Nuestro amor es pecado y bajeza. Nuestro andar es arrastrarse. Nuestro tamaño es pequeño. Nuestro físico es feo. Nuestro modo es incomprensible”. EZLN [2] (CCRI-CG)

América Latina, Abya Yala, es una región donde conviven sustanciales diversidades bajo una cortina de humo impuesta desde los sectores poderosos, utilizando para ello una herramienta infalible: “la violencia”. Esta violencia de la diferencia (Figari; 2008) radica en la afirmación de una existencia: “europeo, blanco y civilizado”, a partir de la negación de otra: “indígena, inferior e incivilizado” [la barbarie]. Dando lugar, entonces, a un otro dominante y un otro subalterno.

“El pueblo de los americanos no es susceptible de ninguna forma de civilización. No tiene ningún estímulo, pues carece de afectos y pasiones. Los americanos no sienten amor, y por eso no son fecundos. (…) incapaces de gobernarse, están condenados a la extinción” (Kant 1775, citado por Argumedo A. en Los silencios y las voces en América Latina, 2006:19).

Esto hace al colonialismo cultural e ideológico que desde hace siglos y aún hoy sigue claramente en pie. Ésta trans-episteme euro-céntrica (Argumedo; 2006) que atraviesa al pensamiento y accionar latinoamericano es la que ha facilitado la implementación y adopción de la forma –moderna- de Estado unicultural (homogéneo). Justificando, entre otras cosas, el exterminio de enormes masas de indígenas y/o su sometimiento pleno a la forma de vida occidental (y católica).

En los últimos tiempos, con el proceso de (re)estructuración del sistema capitalista en su nueva fase neoliberal-globalizada se ha comenzado a desarrollar un proceso al cual Zizek (1997) denomina de “auto-colonización”. Esta nueva etapa capitalista ha venido de la mano del discurso multicultural, que consiste en un eurocentrismo “respetuoso” de las culturas locales. Por ello el autor sostiene (y nosotros nos adherimos a la idea) que el multiculturalismo es una forma de racismo con distancia, claramente visible en el auge por las comidas étnicas, las artesanías autóctonas, y otras cuestiones que hacen al “folklore” local.

“(…) el respeto multiculturalista por la especificidad del otro es precisamente la forma de reafirmar la propia superioridad” (Zizek; Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional; 1997: 22).

Este discurso impuesto desde las clases dominantes, para mantener y reproducir su hegemonía, se ha materializado en la región a través de una importante cantidad de legislación, que de hecho jamás ha sido respetada y/o aplicada correctamente. En el caso argentino esto comenzó con la incorporación del artículo 75, inc. 17 [3] a la Constitución Nacional en 1994.

Siguiendo a Zizek (1997) es posible pensar que el multiculturalismo es racismo con distancia, puesto que si se aceptara que existe racismo de facto, tanto en los discursos como prácticas de las clases dominantes, su poderío se vería socavado por una importante crisis axiológica e ideológica –por parte de la sociedad civil-. Lo que nos conduce a que la mera consecución de derechos es una forma de “legalizar” el racismo. Profundizando de esta manera un proceso de integración de los otros al sistema vigente, desapareciéndolos y neutralizándolos como actores políticos.

Además es importante mencionar que dicho colonialismo ideológico-cultural no deja de re-producir representaciones falsas y erradas sobre los otros, como por ejemplo acusar a los indígenas de vagos, indecentes, golpeadores, etc. A propósito de esto, en el sur argentino (es el caso de la provincia de Neuquen) es muy común escuchar que los mapuches siempre han sido vagos, y ese es su verdadero problema, lo que para nada se aleja de lo que Kant sostenía hacia 1775 “Los americanos (…) no se preocupan por nada y son perezosos (…)”. Quedando en evidencia que el racismo y la negación frente a la diversidad étnica-cultura sigue tan presente (más o menos encubierta) como hace medio siglo atrás.

Todo esto nos obliga a acercarnos y conocer con mayor agudeza de qué se trata el otro proyecto. ¿Qué es un Estado PLURICULTURAL y/o PLURINACIONAL?

ii. Estados Plurinacionales. ¿Otra democracia es posible?

Ya hemos dicho que los Estado modernos se constituyeron como estados uni- nacionales, puesto que la concepción liberal sostiene que existe una coincidencia entre estado y nación (por eso se denominan Estados-Nación). Lo cual está estrechamente ligado a una única cultura entendida como “lo culto”, a partir de una visión excluyente, homogeneizante y elitista (cuando se habla de “la Nación Argentina” o de “la cultura Argentina” haciendo hincapié en la singularidad, se reproduce esta visión reduccionista y hegemónica). De esta manera los otros subalternos pasan a la exclusión a través de un proceso de negación institucionalizada (aún hoy en ámbitos cotidianos y académicos se sigue repitiendo que Argentina es un país blanco).

“Los indios, para el poder, estaban fuera de la política, fuera del Estado, fuera de la República, fuera del presente y de la historia. El orden que se construye los excluye de facto y de juris. Para ser ciudadano es necesario ser blanco-mestizo, es necesario tener rentas, saber leer y escribir. Y es una exclusión que se hizo desde la razón, que se justificó y legitimó desde ese entramado conceptual, teórico, axiológico y normativo dado por la modernidad” (Dávalos; Movimientos indígenas en América Latina: el derecho a la palabra; 2006: 25).

La NACION Argentina= Civilización (Vr. Barbarie= Otro= indígena) = mestizo- blanco

Todo esto se construyó sobre la base de la razón moderna y se materializó en lo que se denomina el constitucionalismo moderno. Frente a esto, a partir de las décadas de los ´80 y ´90 con el recrudecimiento de las políticas neoliberales, los pueblos originarios emergieron como actores políticos, cuestionando el mencionado constitucionalismo moderno.

Sus prácticas socio-políticas y culturales (ancestrales), como así también sus años de resistencia y lucha hacen que hoy sean portadores de una nueva forma de entender al Estado (incluso a la democracia). Esta reconstrucción del Estado sobre la base del reconocimiento de la diversidad implica un nuevo constitucionalismo caracterizado por la plurinacionalidad, pluriculturalidad, plurietnicidad, interculturalidad e intraculturalidad.

ii.a. La plurinacionalidad parte de una concepción no liberal de nación, una visión comunitaria que no encuentra sus límites en el Estado. Dicha forma de concebir a la nación conlleva la idea de autodeterminación [4] [no de independencia].

La Asamblea Nacional de organizaciones indígenas originarias, campesinas y de colonizadores de Bolivia (2006), define al Estado Plurinacional de la siguiente manera:

“Modelo de organización político para la descolonización de nuestras naciones y pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo nuestra autonomía territorial, para alcanzar la vida plena, para vivir bien y con una visión solidaria (…)”.

Esta descolonización implica una justicia cognitiva e histórica (Sousa Santos, 2007), lo que se traduce por un lado en el reconocimiento de aquellos saberes ancestrales no científicos. Lejos de menospreciar al conocimiento científico y reconociendo su importancia y aportes, es necesario “rejerarquizar” los otro.

http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1757

ECONOMÍA POLÍTICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN)

Colombia, 2002-2010

Por: Libardo Sarmiento Anzola


Durante el período 2002 (comienzo del gobierno Uribe) y 2010 (final de su segundo mandato), el control del poder ejecutivo sobre los recursos del país se multiplicó por 2,4 veces (en 2002, el Presupuesto General de la Nación –PGN- era de $62,7 billones). El Congreso de la República aprobó el pasado 20 de octubre el PGN para el 2010, presentado a todo el país como un presupuesto “equilibrado y racional”. Pero, su revisión precisa todo lo contrario: acrecienta la dependencia estatal del capital especulativo, la guerra, la tecnocracia y la clase política. Sin bien hay más riqueza en el país (el ingreso por persona se multiplicó en dólares 2,7 veces entre 2002 y 2010), y que el Estado la controla en mayor medida, no se fomenta el desarrollo, entendido como fortalecimiento de la base productiva, el bienestar social y la sustentabilidad ambiental. Se amplía la brecha entre ricos y pobres.
La transformación del Estado en los últimos ocho años limita sus funciones sistémicas, en lo fundamental, a favorecer la intermediación financiera; a promover la expoliación de las fuentes energéticas, los cultivos de plantación y la agroindustria de exportación, en un marco de propiedad latifundista; a la represión y el control policial de la sociedad, así como a la adaptación de la fuerza laboral a las nuevas condiciones de la división internacional del trabajo, bajo el régimen de acumulación terrateniente, financiero y transnacional que caracteriza al modelo de desarrollo forzado en Colombia.

En este marco el PGN tiene una orientación del 56 por ciento a gastos de funcionamiento –con beneficio para una parasitaria e inmensa maquinaria burocrática militar– el 27 al servicio de la deuda pública y un 17 a gastos de inversión. Además de conservar el poder para el privilegio de una clase, otra de las constantes de las maquinarias estatales y su burocracia militar es hacerse indispensables. La colombiana no es excepción.

No, aquí, donde la tercera parte de la riqueza generada por sus habitantes es controlada por el leviatán, que no cesa de crecer, consumir y concentrar en pocas manos la riqueza y el producto del trabajo que correspondería a todos. El monto y la destinación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2010, con $148,3 billones (1), así lo confirma.

Maquinaria militar y Estado versus Sociedad Civil


Este presupuesto, en relación a 2009, registra un crecimiento del 7 por ciento. Cerca de tres veces más del 2,5 por ciento de la expansión esperada para la economía en 2010. El poder estatal se acrecienta.

El Estado colombiano cuenta en la actualidad con 926.000 servidores del poder del Gobierno, entre funcionarios y ejército, maquinaria que proseguirá su crecimiento: para 2010 se ampliará la Fuerza Pública con el nombramiento de 6.800 nuevos efectivos. Esta inmensa organización burocrática y militar, con su compleja y artificiosa maquinaria de Estado al servicio de sus propios fines, de los intereses de las transnacionales y del capital financiero y terrateniente, garantiza el dominio de clase de la oligarquía.

Los congresistas, al momento de revisar el proyecto de Ley 076 de 2009 Cámara y 048 Senado, dijeron que el PGN debe contribuir efectivamente “a la solución de los problemas más angustiantes de la población [debe ser] un instrumento idóneo para enfrentar las dificultades económicas del país”. Sin embargo, esta ‘preocupación’ parece simple retórica de un legislativo dócil o simbólico.

En efecto, el PGN 2010 profundiza unas constantes representativas del actual gobierno: los gastos de funcionamiento aumentan en 15 por ciento, cuando pasan de $72,3 billones actuales a $83,1 billones para el próximo año; el 70 por ciento de este incremento es explicado por el aumento de la nómina de Defensa y Seguridad, y 27,1 por ciento por los gastos del sector Interior y Justicia. De este gigantesco edificio estatal hacen parte, según la Contaduría General de la Nación, 299 entidades del Gobierno del orden nacional: 262 no financieras y 37 financieras.

La naturaleza parasitaria de esta inmensa maquinaria burocrática militar explica que durante el período de mayor crecimiento de la economía (en el lapso 2002-2007 el PIB creció a un ritmo promedio anual de 5 por ciento) los indicadores de pobreza tan solo registraran una lenta disminución, pasaron de 50,3 por ciento en 2005 a 46 por ciento en 2008 (hoy, en Colombia, hay alrededor de 20 millones de ciudadanos pobres). Peor aún es la situación para los habitantes en condición de indigencia (aquellos a quienes el ingreso no les alcanza ni para comer); su cantidad como subconjunto registró un aumento de 2,3 por ciento entre 2005 –se ubicó en 15,7 por ciento– y 2008 –ascendió a 18 por ciento (hoy suman 7,5 millones). En el campo, la situación es dramática: mientras el Gobierno entrega a manos llenas subsidios a los grandes terratenientes, el 65,2 por ciento de los pobladores rurales se encuentra en situación de pobreza, y uno de cada tres en pobreza extrema o indigencia.
En cuanto a la distribución del ingreso, la concentración es ahora más injusta respecto a 20 años atrás: en 2008, el coeficiente de Gini (mide la desigualdad en un rango entre 0 y 1; cuando se acerca a uno, la desigualdad es mayor) fue de 0,59 –se mantiene sin cambios desde 2002–, mientras en 1991 registraba un valor de 0,54.

A este horizonte que reflejan estas cifras, se suma la grave situación financiera de la educación pública superior, el estado de emergencia en que se encuentra el sistema de salud y el agravamiento del mercado laboral, bien por el aumento del desempleo, bien por la precariedad y la inestabilidad de los puestos de trabajo: entre la informalidad y el desempleo gravita el 78 por ciento de la fuerza laboral del país. Bien decía el filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila: “A medida que el Estado crece, el individuo disminuye”.
Déficit fiscal y los ricos no pagan. El PGN presenta un déficit fiscal de $26 billones, que sobrepasa el 4 por ciento del Producto Interno Bruto. Los ingresos tributarios, principal fuente de financiamiento del gobierno colombiano, sólo aportan el 47,4 por ciento del PGN, tendencia acrecentada por el hecho de que los ricos poco tributan.

En los ocho años del gobierno Uribe, el capital ha sido beneficiado con exenciones tributarias asociadas a la inversión y zonas francas, además de los subsidios dirigidos a su favor. En consecuencia, la alternativa es un mayor endeudamiento del país y la enajenación de sus pocos bienes públicos de carácter estratégico: 17,6 por ciento del gasto proyectado del PGN de 2010 será financiado con crédito interno y 6 por ciento con crédito externo. El saldo, 29 por ciento, será cubierto con la enajenación de activos públicos (grupo de acciones de Ecopetrol, electrificadoras regionales y participación del Gobierno en Isagen), rentas parafiscales, fondos especiales y recursos propios de los Establecimientos Públicos Nacionales.

En resumen, de acuerdo con los comentarios de la Contraloría General de la Nación al PGN de 2010, no hay concordancia entre la actividad económica, la política fiscal, y las precarias condiciones sociales y laborales que padece la mayoría de los ciudadanos.
De igual manera, la desaceleración de la economía durante 2008-2009 y la lenta recuperación en 2010 lleva a una profundización del déficit fiscal de la Nación, que se financiará con deuda pública, con lo cual la Nación se convertirá en importadora neta de capital, además de absorber recursos internos, no sólo de entidades públicas sino también del sector privado, vía nuevo endeudamiento. La política presupuestal para 2010 profundiza los problemas estructurales existentes de endeudamiento del país y del déficit fiscal (2).
Este hecho conlleva que el saldo de la deuda pública se incremente respecto al nivel de 2008. Entre 2009 y 2010, el saldo crece en 9,2 por ciento, pasando de $36,6 billones a $40 billones, con un aumento de $3,4 billones. Así, lo que había sido una política durante los primeros años de la administración Uribe de reducir el nivel de la deuda, se frena y vuelve a tomar la senda del crecimiento. Mientras para 2009 la deuda del gobierno central es de 34,4 por ciento del PIB, en 2010 pasa a ser del 36, y para 2011 se estima en 38, para llegar en 2014 a un nivel del 41. Y hasta 2015, no habrá probabilidades de que empiece a ceder.

Economía Política y estrategia falangista del PGN


La gestión del actual régimen colombiano (terrateniente, financiero transnacional) se refleja en la composición del PGN (ver cuadro 1 y gráficos 1 y 2). La porción de la riqueza, que genera anualmente el trabajo y que es intermediada por el Estado, aumenta a un ritmo superior al de la economía en su conjunto. Para 2010, el poder ejecutivo controla 33,2 por ciento del PIB. En 2002 era de 31,1.

Según las funciones sistémicas que cumple el Estado, la utilización de los recursos públicos se orienta principalmente a la transferencia de plusvalía hacia el capital financiero nacional y transnacional, vía pago de intereses y amortización de deuda: $22,6 billones en 2002 (36% del PGN y 11,2% respecto al PIB) y $40 billones en 2010 (26,9% del PGN y 8,9% del PIB, lo que muestra que el PGN y el PIB aumentan más rápidamente que el monto de la deuda cancelada). El Estado es ampliamente favorable al modelo rentista y especulativo, hegemónico en el actual sistema mundo capitalista.

Las funciones de representación internacional, regulación y control del Estado sobre la sociedad se llevan $20,7 billones en 2010 (14% del PGN y 4,6% respecto al PIB). En 2002, $6,4 billones financiaban esta función estatal (10,3% del PGN y 3,2 del PIB). La fronda tecnocrática central crece mientras envuelve, controla y asfixia cada vez más a la sociedad civil.

Los aparatos de justicia, represión y disciplinamiento social, como todos los sistemas de control social, están al servicio de la protección de intereses sociales de clase, y todas sus instituciones procuran cumplir con esta función.

En Colombia avanza una estrategia falangista que combina fascismo e ideología del poder absoluto estatal a partir de la criminalización de la protesta social, los falsos positivos judiciales que afectan a los contradictores del establecimiento, la violación de los derechos humanos, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, como parte de la consolidación del modelo de desarrollo forzado, transnacional y excluyente. El financiamiento de los aparatos de represión (ejercito, policía, organismos de seguridad y justicia) le cuestan al régimen $25 billones en 2010 (16,9% del PGN y 5,6% del PIB); en 2002 costaba $9,7 billones (15,4% del PGN y 4,8% del PIB). Todo ello sin contar los recursos por US$7.600 millones provenientes del ‘Plan Colombia’ en el período 2002-2010. El papel de gendarme del orden social que cumple el Estado ha significado la militarización, la represión y el control crecientes de la vida cotidiana de los colombianos.

La acumulación de capital. Esta es la fuerza imperativa o impulsora de las instituciones del capitalismo. Para el apalancamiento de la acumulación de capital se destina en 2010, por parte de esta función sistémica estatal, $9,4 billones (6,3% del PGN y 2,1% del PIB). En 2002, a esta función se le asignaban $3,5 billones (5,5 del PGN y 1,7% del PIB). Se incluyen en esta función los apoyos al sector rural empresarial, la construcción de infraestructura y el desarrollo del sector energético.

La formación y la reproducción de la fuerza de trabajo (educación, salud, vivienda y saneamiento básico, principalmente), además del componente fiscal en que se integran las funciones de cooptación política (asistencialismo social, control ideológico y programas poblacionales), concentran $52,2 billones del PGN de 2010 (35,9% respecto al PGN y 11,9% del PIB). En 2002, esta función sistémica estatal costaba $20,4 billones (32,5 del PGN y 10,1% del PIB).

La cooptación social. En estos recursos del PGN de 2010 se asume el pago de los subsidios destinados a Familias en Acción; y mientras que este año se destinaron $1,4 billones para cerca de 1,3 millones de Familias en Acción, para el año entrante se destinarán $2,1 billones de pesos para la totalidad de las 2,6 millones de familias beneficiadas por este programa. Así se cierra la tenaza estatal sobre la sociedad civil, clave como táctica para la continuidad en el poder de la plutocracia y las mafias colombianas: de una parte, les garantiza una tasa de acumulación extraordinaria a los dueños del capital mediante subsidios, desmonte de la protección laboral y exenciones tributarias; y, de otra, coopta a los sectores poblacionales más marginales con programas asistenciales de los cuales hacen parte el empadronamiento de las familias y el control ideológico-político-social. En esta función sistémica, el Gobierno incluye también recursos para la población desplazada, tal como se lo ordenó la Corte Constitucional, para lo cual destinará $1,5 billones.

En general, los montos que cubren esta función tienen bajo impacto social en razón a que una buena tajada del gasto social corresponde a pensiones (35% de las transferencias, que para 2010 suman $60,6 billones), las que a la vez se concentran en estratos de altos ingresos (el 80% de los adultos mayores en Colombia carece de algún tipo de pensión). Los recursos para pensiones ascienden a $21,1 billones, de los cuales el 38,5 por ciento corresponde al ISS, el 33,9% va al Fondo de Pensiones de Entidades Públicas del Nivel Nacional (Fopep) y el 12,9% a asignaciones de retiro de miembros de la fuerza pública.
Depredación y medio ambiente. Por último, la unión de la justicia social y el ambientalismo asume a los humanos como parte integral del medio ambiente. El ambiente comprende lo biofísico, el ambiente edificado, y el ambiente social, económico y político. El capitalismo es depredador por naturaleza, pero el modelo de desarrollo forzado colombiano lo es más: se basa en la expoliación de la naturaleza por parte del capital nacional y las transnacionales (en reemplazo del colapso del proyecto industrializador ocurrido en la década de 1970) unido al despojo, la expropiación y el destierro de 4,5 millones de pobladores del campo.

Esta falta de conciencia de la clase dominante frente al medio ambiente y la biodiversidad del país se refleja en el PGN. Para 2010, los recursos destinados al sostenimiento de las condiciones ambientales de producción son marginales: $149.625 millones (0,1% del PGN y una cifra insignificante del PIB). En 2002, a pesar de ser bajos los recursos asignados, se invertía un poco más: $170.340 millones (0,3% del PGN).

En resumen, y de acuerdo con el proyecto de los grupos dominantes en Colombia, para que el Estado cumpla con estas funciones sistémicas tiene que aumentar los tributos que pagan los sectores populares y las capas medias; incrementar la deuda pública (sacrificio para las generaciones futuras) y vender los pocos activos que aún quedan en manos de la nación.

Este hecho implica sacrificar el consumo de los hogares y la inversión privada.
En realidad, a medida que el Estado concentra más su poder sobre la riqueza que genera el país para financiar el cúmulo de gastos improductivos, la economía opera deficientemente, las brechas entre ricos y sectores populares aumenta, el desempleo crece, se precarizan los puestos de trabajo, la clase media se empobrece y los pobres se hunden en la indigencia. Razón tenía el filósofo bogotano al sentenciar: “La política sabia es el arte de vigorizar la sociedad y de debilitar el Estado” (3).

1 Gaceta del Congreso, Proyecto de Ley Nº 076 de 2009 Cámara, 048 de 2009 Senado; Imprenta Nacional de Colombia, 13 de octubre de 2009.
2 Contraloría General de la República (2009), Comentarios al proyecto de Presupuesto General de la Nación 2010.
3 Gómez Dávila, Nicolás (1977), Escolios a un texto implícito, Tomo I, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, p. 31.


http://www.eldiplo.info/mostrar_articulo.php?id=1008&numero=85

ESMAD ESTARÍA INVOLUCRADO EN MUERTE DE ESTUDIANTE

Un video interesante que nos muestra el salvajismo y la brutalidad con que los organismos de "control" del Estado actuan empleando incluso armas no convencionales prohibidas en el Derecho Internacional Humanitario.




http://colombia.indymedia.org/news/2009/11/109691.php