Piedad Córdoba es divorciada, feminista, izquierdista; defiende la unión gay y el aborto; se opuso a Álvaro Uribe, atacó el nombramiento de Alejandro Ordóñez como Procurador y cree que su misión es lograr una salida pacífica del conflicto colombiano. Ordóñez, el Procurador, quemó libros en su juventud; es ultraderechista, fanático religioso, enemigo del aborto y los homosexuales; debe su cargo a Álvaro Uribe y piensa que su misión es perseguir a pecadores y comunistas. ¿Alguien imagina que Ordóñez podría dictar una sentencia justa contra Piedad? Evidentemente, no.
De esta aberración judicial nace la condena que acaba de imponer Ordóñez a su enemiga, por la cual la destituye como senadora y la inhabilita durante 18 años para todo cargo público. La sentencia liquida la carrera política corporativa de Piedad: cuando ella se lance de nuevo a unas elecciones o acepte un empleo público tendrá 73 años. El mismo Ordóñez será quien resuelva el recurso jurídico de la afectada contra la condena y pronuncie la última palabra. Después de haber visto cómo la crucificó en la TV y la prensa, ¿qué suponen ustedes que dirá?
Aparte del claro impedimento ético del juzgador, se pensaría que castigo tan severo corresponde a delitos gravísimos probados fuera de toda duda. Pues no. Una lectura crítica del expediente revela que los "crímenes" de Piedad son dos acusaciones acomodaticias y abstractas: promover a las Farc y colaborar con ellas. Una foto en la prensa con boina negra se considera "promoción" (los políticos se retratan con el gorro que les chanten: pululan los Presidentes disfrazados de caciques) y una reunión con guerrilleros para sacar secuestrados se valora como "colaboración" (decenas de políticos y empresarios se fotografiaron con Tirofijo).
Pedí a uno de los mejores juristas colombianos su opinión sobre el expediente. "El fundamento del fallo es endeble, circunstancial y prevaricante", dictaminó. Yo agrego que respira sectarismo, pese a que, para proyectar una imagen imparcial, la absuelve de una insólita "traición a la patria" por criticar al Gobierno en el exterior. De no hacerlo, habría creado el delito de opinión. Ni pruebas lapidarias ni confesiones. Todo se enmascara en retórica jurídica. Las faltas no saltan a la vista sino que "se contextualizan del análisis de plurales elementos probatorios".
Todo el país sabe que Piedad ha tenido contacto personal, telefónico y por correos con las Farc (también con el Eln y los paramilitares), gracias a lo cual rescató a doce secuestrados. Las víctimas lo agradecen, pero el Procurador vio allí ocasión de criminalizar la actividad humanitaria. Abundan los textos de Piedad contra la lucha armada, mas el expediente no cita ninguno. He aquí algunos recientes: en febrero del 2009 encabezó una carta colectiva de solidaridad con los indígenas por atropellos de los milicianos de las Farc; en marzo del 2010 condenó el secuestro como arma política; hace un mes divulgó su "profundo rechazo" a las Farc por "infringir gravemente el derecho humanitario" al matar a diez soldados. ¿Es eso promover? ¿Por qué aquí la Procuraduría no "contextualiza"?
Hay en el fallo parcialidad manifiesta. Del testimonio de un ucraniano, Ordóñez deduce que "los presuntos vínculos entre las Farc y la senadora continuaron en el 2010". ¿Por qué no destaca que el ucraniano declara no haber visto nunca a la senadora defender la lucha armada, sino la lucha electoral? Esa parte se soslaya. Alega el Procurador que Piedad solo estaba autorizada para tratar con las Farc del 15-VIII al 21-XI del 2007. Mentira. Me consta que en febrero del 2009 rescató rehenes con el beneplácito oficial.
Piedad es a veces imprudente por desprevenida; le hace daño su fe en Hugo Chávez y hay frases suyas que le conviene explicar. Pero se ha jugado la vida por una solución humanitaria y democrática. ¿Es por ello promotora de las Farc? Para lograrlo, mantiene contacto con jefes guerrilleros y, ciertamente, al verlos no los escupe ni los golpea con el paraguas. ¿Es por ello colaboradora suya?
Asistimos a una colosal infamia dirigida a descabezar el movimiento por una paz concertada.
Desde hace varios años, el autor del texto recibe comentarios a su columna encambalache@mail.ddnet.es
Daniel Samper Pizano
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CPR
Coordinadora popular Redskin
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